La demanda presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera María Jesús Montero por una presunta violación del derecho al honor se ha visto este jueves en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
La defensa de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Montero, han defendido que la ministra de Hacienda no menospreció el honor del empresario. Según han argumentado, afirmar que él reside "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" no ataca su dignidad, y además han enfatizado que el demandante "no es un simple particular".
González Amador reclama 40.000 euros debido a las declaraciones realizadas por Montero sobre las investigaciones penales que le conciernen. En particular, se mencionaron siete afirmaciones en las que Montero aseguró que González Amador residía "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que era un "delincuente confeso".
En este contexto, la Abogacía del Estado y la Fiscalía han coincidido en solicitar a la Sala de lo Civil del alto tribunal que rechace la demanda presentada por el novio de Díaz Ayuso contra la vicepresidenta primera. En cambio, la defensa de González Amador ha reiterado su petición al Supremo para que condene a Montero por haber infringido su derecho al honor.
El Ministerio Fiscal ha afirmado que, a pesar de que las declaraciones de Montero pueden interpretarse como una "crítica agria, molesta, malsonante", no constituyen una violación del derecho al honor de González Amador. Asimismo, ha destacado que las afirmaciones de la vicepresidenta se sitúan en un contexto de "interés general", haciendo referencia a los aproximadamente veinte periodistas que asistieron a la audiencia, y que estarían protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
Además, ha enfatizado que al ejercer el derecho a la libertad de expresión no es necesario demostrar la veracidad de lo que se afirma, a diferencia de lo que sucede en el derecho a la información. "Se están ofreciendo opiniones", ha subrayado.
La Abogacía del Estado ha destacado que Montero hizo declaraciones tras la difusión de la información publicada por 'elDiario.es', la cual se refiere a la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador, quien está siendo investigado por un presunto fraude fiscal que supera los 350.000 euros en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
"La parte demandante no es un simple particular (...) desde el momento en el que (...) su núcleo más cercano (...) su representante legal hace manifestación expresa de que se cometieron delitos fiscales", ha señalado, refiriéndose a la serie de correos electrónicos intercambiados entre su abogado y el fiscal Julián Salto, quien lo investigaba por supuestos delitos fiscales.
Asimismo ha argumentado que González Amador es responsable de haber llegado a esta situación y se ha convertido en un personaje público. "No nos encontramos en presencia de un particular al uso. Su nombre, sus apellidos, donde trabajan, son de conocimiento general", ha añadido.
La defensa de la vicepresidenta ha señalado, además, que es necesario interpretar la expresión "delincuente confeso" dentro de un contexto de "debate político" en lugar de un "debate jurídico".
Por su parte, la abogada de González Amador ha afirmado ante el tribunal que las palabras de Montero son "objetivamente muy graves, que desbordan la libertad de expresión". Ha manifestado que "esta sala ya ha señalado en numerosas ocasiones que la libertad de expresión, incluso en la contienda política, no ampara desacreditar a una persona".
En este contexto, ha subrayado que "si bien es cierto que existe un proceso penal contra González Amador, también es cierto que no ha recaído ninguna resolución judicial que lo condene por haber adquirido su vivienda con fraude a la Hacienda Pública".
Su cliente, según ha insistido, no ha sido condenado por ningún delito fiscal y es "falso" que haya admitido alguna conducta delictiva, ya que no se ha llegado a un pacto de conformidad con la Fiscalía ni existe una sentencia judicial que lo confirme. "Es falso que Alberto González Amador haya adquirido la vivienda en la que reside con un fraude a la Hacienda Pública", ha reiterado.
A pesar de todo, ha enfatizado que "el hecho de que sea pareja sentimental de otro cargo público (...) no justifica en base a un hipotético interés social que a un ciudadano se le tilde de delincuente confeso o de haber adquirido su vivienda con fraude a la Hacienda Pública".
Asimismo, ha argumentado que las afirmaciones de Montero no gozan de protección bajo la inviolabilidad parlamentaria, ya que actuó en su calidad de miembro del Gobierno y no en el desempeño de sus funciones como diputada.
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