Reparto de menores al Constitucional y acusaciones cruzadas sobre financiación: nuevos rifirrafes entre Gobierno y Madrid

Hay cosas que nunca cambian. El desencuentro constante entre los Gobiernos central y autonómico parece ser una de ellas. Y es que cualquier asunto de actualidad se convierte, de un día para otro, en el pretexto perfecto para que los trastos vuelen de una trinchera a la otra, de La Moncloa a la Real Casa de Correos y, por supuesto, viceversa. Para muestra, la última polémica relativa al acuerdo para el reparto de menores extranjeros no acompañados frente al que la Comunidad de Madrid ha avanzado ya que presentará un recurso de inconstitucionalidad al considerar el real decreto para la modificación de la Ley de Extranjería -mecanismo empleado para abordar legalmente la última redistribución- "carece de justificación" alguna.

El principal argumento, exponía este miércoles el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, es que se estaría invadiendo la competencia relativa al acogimiento de menores extranjeros que, de acuerdo con lo recogido tanto en la Constitución como en el estatuto de autonomía, corresponde a la Comunidad . En paralelo, se estaría "vulnerando el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones", puesto que el pacto no viene acompasado a una "aportación económica" para "atender con garantías a los menores desplazados".

Considera asimismo la Comunidad que los pormenores del texto acordado entre Gobierno y Junts la pasada semana son "contrarios al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones" al no haber sido consensuados también con el resto de las comunidades implicadas. Por no mencionar, explicaba García Martín a renglón seguido, que la criticada reforma legislativa debería haberse efectuado, fruto de la continuidad de la problemática desde hace ya varios años, a través de la aprobación de una ley orgánica y en ningún caso mediante la figura "inadecuada" del real decreto ley, reservada para escenarios en los que primen los criterios de "urgencia" y "necesidad".

En cuanto a los propios menores, desde el Gobierno regional creen además que sus derechos fundamentales no estarían siendo tenido en cuenta al desplazar su asistencia social a un completo segundo plano: "No les interesa la atención de estos menores, lo que les interesa a Pedro Sánchez y a su Gobierno es garantizarse esos siete votos que necesita para continuar en La Moncloa. Lo primero que tiene que hacer es poner fin al caos migratorio que vive nuestro país, controlar las fronteras, llegar a acuerdos con los países de origen y ponerse de acuerdo con nuestros socios de la Unión Europea".

Cuestionado por los periodistas en torno al plan de la Comunidad para la acogida una vez se oficialicen las cifras definitivas del reparto, el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local eludía detallar el número de plazas disponibles en la región, derivando nuevamente el debate hacia el "caos migratorio" que, a su parecer, ha ocasionado la pasividad mostrada por Pedro Sánchez. "Habrá que buscar espacios para acogerlos, pero el debate no está en dónde van a ir, sino en qué va a hacer el Gobierno central para evitar que sigan llegando", insistía.

Una percha idónea para cargar contra el Partido Socialista madrileño y sus acusaciones de "racismo" y "xenofobia" dirigidas hacia la presidenta Isabel Díaz Ayuso. "Desde luego, lo que no tienen es alma. Si tienen centros, ¿por qué no los ponen a disposición de la propia Delegación y del propio Ministerio para que esas personas que llegan hasta nuestra región y que están hacinadas en tres macrocentros pues dejen de estar en esas condiciones (…)? Creo que el PSOE se tendría que lavar la boca antes de hablar de racismo", sentenciaba al respecto García Martín.

Lluvias y abono transporte, más leña al fuego

Las desavenencias de la presente matinal, sin embargo, no se han limitado en exclusiva a la crisis migratoria en ciernes, sino que se han extendido también sobre otras cuestiones de carácter económico. En concreto, sobre la financiación -estatal o regional- tanto de las ayudas destinadas a municipios y particulares para reparar los daños materiales provocados por los episodios de lluvia que azotaron la región en las últimas semanas como de la gratuidad del abono transporte para menores de 15 años a partir del próximo 1 de julio y que fue acordada por el Consorcio regional en la jornada de ayer.

A fin de garantizar las ayudas para hacer frente a los desperfectos ocasionados por el mal tiempo, con hasta 1.007 expedientes repartidos en 116 localidades diferentes, el portavoz ha dado a conocer que la Comunidad reclamará la declaración de los municipios aquejados como "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil". Una fórmula, en la práctica, que permitiría acto seguido exigir indemnizaciones adicionales al Gobierno central.

Tales subvenciones, reiteraba entonces, que se complementan con la partida de hasta diez millones de euros aprobada por el Ejecutivo autonómico para localidades con menos de 20.000 habitantes y que ya ha sido incluso publicada en el BOCM. El objetivo, que los ayuntamientos puedan comenzar cuanto antes con los trabajos necesarios a fin de reestablecer la normalidad, por ejemplo, en cuestiones de movilidad.

Más aún, apostillaba García Martín, si se tienen en cuenta los retrasos en las ayudas para la última DANA en el suroeste de la región protagonizados por el Ejecutivo que encabeza Sánchez: Tardaron un año y medio. Una barbaridad. Fue la Comunidad la que tuvo que adelantar todo el dinero (...). Ahora hemos tomado la delantera y puesto sobre la mesa 10 millones para que puedan empezar ya la rehabilitación".

Por si todo ello fuera poco, García Martín ha tenido tiempo para acusar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de querer "confrontar" y "buscar la polémica" al advertir este sobre posibles sanciones contra el Gobierno regional por tratar de "ocultar" la financiación estatal a la gratituidad del abono transporte para menores de 15 años. Algo que, como cabía prever, el consejero negaba tajante, desvelando que el mismo ministerio se encontraba presente en la reunión como miembro del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid: "¿Ocultar? Sí estaban allí. ¿Cómo vamos a ocultar algo de lo que han participado, que han votado? Además, han votado a favor. Por tanto, no hemos ocultado nada".

Financiación, por cierto, a la que el Ejecutivo madrileño da la "bienvenida" aunque resulte "insuficiente". Y es que "la aportación que realiza el Ministerio de Fomento está congelada desde hace muchísimos años", mientras la Comunidad continúa abonando el "73 por ciento" del presupuesto necesario para el funcionamiento del transporte público regional·

En declaraciones previas, sin embargo, Puente aseguraba que "la Comunidad de Madrid juega a confundir, a contar medias verdades y a intentar ocultar la realidad en su propio beneficio. Esas medidas que está lanzando son gracias a la apuesta y compromiso firme del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible por el transporte público y una movilidad sostenible, eficiente y segura".