Escuelas Católicas de Madrid (ECM) ha denunciado la "ausencia de diálogo" en el anunciado Decreto Ley de la Comunidad "contra las pantallas en el aula", una medida que considera "radical" y que "afecta a la autonomía educativa y pedagógica de los colegios y a la libertad de elección de las familias".
El Gobierno regional ha comunicado su intención de prohibir a partir del próximo curso el uso individual de pantallas en Infantil y Primaria, a través de un proyecto de Decreto que regula el uso de dispositivos electrónicos en las aulas. Para ECM, esta medida "taxativa" se contradice con los "principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza postulados por la Comunidad de Madrid", algo que preocupa "enormemente" a los 340 centros que conforman esta red de escuelas "al ver vulnerado su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y, sobre todo, elegido libremente por las familias".
"Entendemos que el uso de dispositivos digitales admita un debate profundo que incluso debiera liderar la escuela, pero en ningún caso podemos hacerlo obviando el derecho de los titulares a establecer los proyectos educativos de sus centros, e imponiendo los enfoques y herramientas de su acción educativa", añanden desde ECM.
Asimismo, recuerdan que "el art. 121 LOE establece que el proyecto educativo del centro es competencia de su titularidad y, por tanto, que la acción educativa, y con ella la orientación pedagógica, las metodologías implantadas, los recursos didácticos y, en su caso, la digitalización, forman parte de este proyecto educativo". Además, apuntan que "las titularidades de los centros están obligadas legalmente a implementar estos procesos de digitalización" en cumplimiento del artículo 111 de la Lomloe.
Por todos estos motivos, ECM defiende "la autonomía de los centros y el trabajo emprendido durante muchos años en sintonía con una sociedad digital, para la cual tenemos la obligación de “alfabetizar” a nuestros alumnos".
Escaelas Católicas de Madrid se ponen a disposición de la Administración y del resto de los agentes sociales "para hablar sobre este asunto, de modo que la normativa resultante sea coherente con el entorno y respetuosa con el proyecto educativo, siempre en pro de una educación de calidad, plural y libre".