Una familia del sector 6 de Cañada Real ha recibido el respaldo del juez de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid, quien ha anulado una orden de demolición sobre su vivienda. El magistrado argumentó que el Ayuntamiento de Madrid ha tardado tanto en actuar que el inmueble, edificado a mediados de los años 80, se encuentra ahora "fuera de ordenación", lo que impide su demolición.
Europa Press ha tenido acceso a una sentencia que confirma la anulación de la orden de cese del uso y desalojo, al considerar que esta no se ajusta a la legalidad. La decisión se basa en un recurso contencioso-administrativo presentado por el afectado, quien fue representado por el abogado Javier Rubio del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).
La normativa sobre el suelo en la Comunidad de Madrid estipula que, tras la finalización de las obras, se cuenta con un período de cuatro años para proceder al derribo de edificaciones que carecen de licencia. Una vez transcurrido este tiempo, dichas construcciones son clasificadas como "fuera de ordenación", lo que elimina la obligación de su demolición y permite que la vivienda permanezca en uso indefinidamente.
La sentencia concluye que el Ayuntamiento de Madrid no tiene la autoridad para demoler una vivienda que ha estado construida durante varias décadas, incluso si se argumenta que su uso como residencia no está permitido según el Plan de Ordenación Urbana. En última instancia, lo que se busca es el derribo de una casa que, por el paso del tiempo, ya ha adquirido el derecho a permanecer.
El Juzgado también ha constatado que la familia ha estado realizando los pagos de los recibos del IBI que emitía el Ayuntamiento de Madrid de manera puntual, hasta que en 2011 fueron eliminados del catastro.
Los abogados explican que la familia de origen marroquí, que habita en esta vivienda desde 2002, posee todos los derechos conferidos por la Ley 2/2011 de Cañada Real, incluyendo la capacidad de hacer valer sus derechos adquiridos.
Desde el despacho encargado del caso se cree que esta sentencia respalda la continuidad de aquellas viviendas que han estado finalizadas por más de cuatro años. Además, se establece que los contratos de suministro deben restablecerse para las familias que lo requieran, tal como lo estipulan el Pacto Regional de Cañada Real y las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo.
Desde hace cuatro años, el suministro de luz está interrumpido en el sector 6 de Cañada Real. Aunque numerosas familias han expresado su deseo de formalizar contratos y abonar sus facturas, los abogados indican que la Comunidad de Madrid rechaza esta alternativa. El Defensor del Pueblo ha recomendado en tres ocasiones que sea restablecido el suministro y los contratos de luz facilitados, comenzando específicamente por aquellas viviendas que están "fuera de ordenación".
Además, el 26 de febrero de 2025, se dará a conocer la Decisión del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, en la que se determinará que varios capítulos de la Carta Social Europea han sido violados debido al corte de luz y a la falta de acción posterior por parte del Estado y sus administraciones.
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