La empresa del productor Nacho Cano ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a pagar casi 12.000 euros como indemnización a uno de los artistas del musical 'Malinche', quien fue despedido de manera improcedente en 2023.
La sentencia detalla que Aitor Antruejo, el demandante, trabajó para 'Malinche' desde el 1 de agosto de 2022, justo antes de su estreno el 15 de septiembre de ese mismo año. Luego, el 25 de abril de 2023, la productora informó al artista sobre la finalización de su contrato debido a una "disminución voluntaria y continuada" en su rendimiento laboral.
El documento jurídico revela que la empresa de Nacho Cano admitió que el despido fue improcedente. Además, el trubunal rechaza al intento de la productora de implementar un convenio diferente al de actores de la Comunidad de Madrid, que fue el que eligió el demandante al momento de firmar el contrato.
Una resolución previa ya había condenado a la productora de Nacho Cano por despido improcedente, algo que respalda la nueva sentencia. La defensa de la productora sostenía que la indemnización del artista contratado debía ajustarse al Convenio Colectivo del Sector de Profesionales de la danza, circo y variedades y folklores, en lugar de al convenio correspondiente a actores y actrices.
El acuerdo entre los actores y actrices estipulaba que, en caso de despido, se debían abonar cinco mensualidades como indemnización, lo que ascendía a un total de 11.882,95 euros. Por otro lado, el convenio propuesto por la productora apenas alcanzaba los 2.000 euros.
Investigación sobre explotación laboral
Por otro lado, el próximo 13 de enero, los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid recibirán la declaración de Nacho Cano como imputado. El objetivo es aclarar si trajo a España a cerca de veinte becarios desde México, quienes llegaron para formarse y trabajar en su musical bajo la apariencia de turistas.
El policía responsable del atestado abierto tras la denuncia de la becaria mexicana trabajadora en el musical y el secretario del atestado han declarado este miércoles 8 de enero que existía una relación y "explotación" laboral, mientras que los abogados de Cano han calificado el proceso penal como "esperpento".
"La declaración de los dos agentes de policía, del inspector y del secretario, ha sido contundente, han dicho que había una relación laboral, claramente. El debate jurídico es establecer si una relación de un becario es laboral o no es laboral. Eso lo aclaró el Real Decreto aprobado el 1 de enero del 2024. El becario es una relación similar a la laboral y por consiguiente genera unas condiciones y unos derechos laborales. Han declarado que las jornadas eran interminables, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, muchos días. Había explotación laboral y que probablemente el delito contra los extranjeros también se cumple por la violación de la frontera", ha declarado el abogado de la denunciante Alfredo Arrién.
Por su parte, José Luis González-Montes y Elena Fernández, abogados de Nacho Cano, han manifestado que durante la declaración se ha "cercenado" su derecho de defensa al señalar sus preguntas como "impertinentes".
"Seguimos con el esperpento de procedimiento penal que estamos viviendo (...) El atestado policial está plagado de irregularidades. Ya se presentó en papel para alterar el reparto aleatorio que debe ser debido a través de Internet. Luego, el atestado en su contenido contiene todo tipo de irregularidades e inducciones a la existencia, que no hay, de indicios de delito. Primero, respecto de la entrada como estudiante de los becados, que ignora e invoca una normativa inexistente ya del año 2009. Se habla en todo momento de retribuciones salariales de empleados y trabajadores del musical 'Malinche' con mantenimiento permanente de trabajos en el musical, cosa que es absolutamente falsa, porque eran becarios en formación, que están desarrollando prácticas no laborales ajustados a los tiempos exactamente establecidos", ha explicado González-Montes.
Finalmente, la defensa de Cano, que ha asegurado en varias ocasiones que se trata de un "ataque injustificado", ha destacado que la jueza ha estado "muy activa en los interrogatorios", llegando a manifestar que ha sido "interrogatorio que en primera línea realiza la jueza como si se tratara de una acusación particular".
"Esto es un despropósito. Vamos a cerrar, vamos a conseguir el sobreseguimiento. Solo confiamos en las instancias superiores en la audiencia provincial, pero también decimos, cuando cerremos este procedimiento vamos a ir hasta el final contra todos y cada uno de los que han participado en este ataque injustificado, porque no hay ni un solo indicio de delito ni irregularidad en este procedimiento, no lo vamos a consentir", ha concluido González-Montes.
La jueza Inmaculada Iglesias Sánchez ha citado para declarar el jueves al representante legal de la Fundación Arte Que Alimenta, al administrador del hotel en el que se alojaron los becarios del musical, al consejero y administrador de la escuela Jana Producciones y a una representante de la Fundación Casa de México en España.
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