El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado archivar la querella presentada por el productor Nacho Cano contra la exjueza Inmaculada Iglesias, a quien acusaba de un presunto delito de prevaricación por su actuación durante la instrucción del caso sobre supuestas irregularidades en el musical Malinche.
Según consta en el auto, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal han declarado su falta de competencia para conocer del asunto al haber perdido Iglesias su condición de aforada tras su jubilación forzosa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 9 de agosto. En consecuencia, el TSJM acuerda el archivo de la querella, aunque deja abierta la posibilidad de que esta se presente ante el órgano judicial correspondiente.
La querella incorporaba como prueba documental una grabación de la declaración de la subinspectora de Trabajo que elaboró el informe clave tras la inspección del 27 de junio de 2024. Este documento fue determinante para que el caso inicial acabara siendo archivado por la Audiencia Provincial de Madrid, que en su momento entendió que no existían indicios suficientes para sostener que los ciudadanos mexicanos que participaron en el musical hubieran sido introducidos de forma clandestina ni que se hubiera cometido un delito contra los derechos de los trabajadores o de los extranjeros.
En palabras de la Audiencia, tales hechos carecían de base penal “con independencia de que cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar casi en una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado”.
Parcialidad "notoria" de la juez
En la querella ahora archivada, la defensa de Nacho Cano sostenía que el atestado policial que dio origen a la causa se basaba en "premisas erróneas", como "la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales".
Según el escrito, "a partir de esas premisas erróneas, se elaboró un atestado plagado de irregularidades, en el que se practican todo tipo de actuaciones policiales con el único fin de proceder a la detención de mi representado".
La defensa alegaba además la existencia de 17 denuncias relacionadas con el procedimiento original, por delitos como coacciones, amenazas o falsificación de documento público. Denuncias que, según los letrados, apuntan a "un grave delito contra la administración de Justicia que solo puede acreditarse si se instruye conjuntamente", aunque la jueza Iglesias habría rechazado las inhibiciones formuladas por otros juzgados sobre estos hechos.
En el mismo sentido, los abogados denunciaban haber encontrado "serias dificultades para ejercer el derecho de defensa consagrado en el artículo 24 CE", argumentando no solo la denegación de pruebas solicitadas, sino que "la parcialidad de la juez, aquí querellada, es notoria".
Con este nuevo archivo, el litigio judicial entre Nacho Cano y los responsables de la instrucción del caso Malinche podría continuar en otros juzgados, si así lo estima su defensa.
Si (
No(
