El productor musical Nacho Cano ha presentado una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por un presunto delito de prevaricación en relación con la instrucción del caso que investigaba supuestas irregularidades en su espectáculo Malinche.
Según consta en el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cano solicita que la magistrada declare como querellada por un delito de prevaricación, castigado con una multa de doce a veinticuatro meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez a veinte años.
La querella incorpora como prueba la grabación de la declaración de la subinspectora de Trabajo que elaboró el informe clave de la inspección realizada el 27 de junio de 2024, determinante para que el caso fuera archivado.
Esta acción legal llega meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara el archivo provisional del caso, al entender que los investigados no intentaron introducir de forma clandestina a los ciudadanos mexicanos que participaron en el musical. La Sala concluyó que no había “indicios suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros”, y señaló que, más allá del cumplimiento o no de “los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción”, se estaría entrando en “una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado”.
En su querella, la defensa de Cano sostiene que el atestado policial que dio origen al caso se basó en “premisas erróneas”, entre ellas, “la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales”.
“A partir de esas premisas erróneas, se elaboró un atestado plagado de irregularidades, en el que se practican todo tipo de actuaciones policiales con el único fin de proceder a la detención de mi representado”, denuncia el escrito.
La defensa detalla además que existen hasta diecisiete denuncias por presuntos delitos de coacciones, amenazas y falsificación de documento público (atestado), todas ellas vinculadas al procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 19. En este sentido, los letrados consideran que “las irregularidades existentes en dicho atestado y en la actuación policial determinan para esta representación, un grave delito contra la administración de justicia que solo puede acreditarse si se instruye conjuntamente”. A pesar de ello, la jueza habría rechazado las inhibiciones solicitadas por los juzgados donde recayeron estas denuncias.
Finalmente, la querella también cuestiona la imparcialidad de la magistrada, al señalar que la defensa “se ha encontrado con serias dificultades para ejercer el derecho defensa consagrado en el artículo 24 CE, no solo por la denegación constante de esta representación a acceder y practicar las diligencias de prueba que considera necesarias, útiles y pertinentes en los hechos que se investigan, sino porque la parcialidad de la juez, aquí querellada es notoria”.
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