Una concentración frente a la Consejería de Sanidad ha reclamado este viernes el fin de la "exclusión sanitaria" a las personas con VIH en situación administrativa "incierta".
Las asociaciones Acción Triángulo, Apoyo Positivo, CESIDA, COGAM, gTt-VIH, Imagina Más, KIF-KIF y Salud Entre Culturas son las impulsoras de esta protesta con la que denuncian el cambio en las medidas y las nuevas exigencias adoptadas en la Comunidad de Madrid desde noviembre del año pasado, que han creado "una barrera administrativa difícil de traspasar" que "atenta contra los derechos fundamentales".
Entienden que impacta "gravemente en" la salud pública y en el bienestar de todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid, tanto españolas como migrantes, especialmente de aquellas que tienen el VIH y no están recibiendo el tratamiento antirretroviral (TAR).
Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de casos de VIH, con cerca del 25% de los nuevos diagnósticos de todo el país y, además, está entre las cinco primeras regiones europeas con mayor número de casos, ha indicado Cesida en un comunicado.
Pese a esta situación, es la única comunidad autónoma que "impide el acceso al tratamiento antirretroviral a las personas en situación administrativa incierta". "La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid bloquea la posibilidad de acceder al Sistema Nacional de Salud y gestionar la historia clínica desde hospitales y centros de salud", ha asegurado.
Por ello, Cesida considera que el derecho a la protección de la salud debe concretarse en políticas y procedimientos administrativos establecidos por las autoridades sanitarias competentes que faciliten el acceso de cualquier persona a la atención sanitaria.
Actualmente, ha detallado que solo existen siete Unidades de Tramitación especializadas para otorgar el Documento de Asistencia a Extranjeros sin Residencia Legal (DASE). "Solo en siete oficinas de todo el territorio de la Comunidad de Madrid se puede realizar la gestión que da acceso al Sistema Nacional de Salud a personas extranjeras en situación irregular, siempre y cuando acrediten empadronamiento de 90 días o más en la comunidad", ha especificado.
Las entidades del tercer sector que han convocado esta concentración han atendido, desde mediados de noviembre de 2021 hasta julio de 2022, a más de 1.000 personas a las que se niega el acceso al tratamiento antirretroviral (TAR), con las consecuencias que puede tener esto para su salud.
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