Después de seis años de lucha, sacrificio y mucha paciencia para conseguir el Reconocimiento de Dependencia de su madre, Luis (nombre ficticio) logró por fin el año pasado una plaza concertada en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid. Fue el pasado mes de septiembre cuando su madre ingresó en el centro en el que reside actualmente y en el que, tal y como señala con orgullo su propio hijo, “está encantada con el trato del personal”. Sin embargo, “en casa de pobre, dura poco la alegría”, añade. Hace unas semanas, Luis recibió una llamada del personal de la residencia para trasladarle una información de gran importancia. “Me personé al día siguiente y me dijeron que no habían llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid y que todas las personas que estaban en el centro, que son unas 60, tenían que salir de allí”, explica.
Esta es la situación a la que deberán enfrentarse en los próximos meses más de 600 personas mayores con plaza concertada en residencias de ancianos de la región. La entrada en vigor el pasado 8 de marzo del nuevo Acuerdo Marco, por el cual se sustituye al vigente desde 2017, obligará a los mayores afectados a ser reubicados a otras instalaciones a principios de verano
A través de esta adjudicación, tal y como informan desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, capitaneada por Concepción Dancausa, se abre un periodo para ajustar la oferta para aprobar los contratos derivados de este acuerdo con cada una de las empresas que gestionarán las plazas. Entre los que formaban parte del acuerdo, un total de diez centros residenciales han decidido no participar de forma voluntaria en el nuevo proceso de adjudicación y otros cuatro han sido excluidos por falta de información y otras situaciones administrativas.
"Son personas mayores, muchos con enfermedades como alzheimer"
La consecuencia directa es que un total de 649 mayores con plazas concertadas se verán obligados a abandonar su actual centro de residencia y ser trasladados a otro en el que se les asigne una nueva plaza. Una situación que, desde la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE), consideran “inmoral” y achacan de forma directa al “sistema perverso” que utiliza el gobierno regional para adjudicar las plazas. “El problema al que nos exponemos es que, cada cuatro años, las empresas que no quieran ser adjudicatarias tendrán que trasladar a todas las personas que tengan una plaza concertada”, explica su presidente, Miguel Vázquez. Tal y como afirma, no es la primera vez que se encuentran ante esta situación. Ya en el año 2017, cuando se renovó por última vez este Acuerdo Marco, un total de 1.005 mayores se vieron afectados y tuvieron que abandonar su lugar de residencia de forma repentina. Desde la plataforma aseguran que dichos traslados afectan de forma directa y muy negativa a los residentes, provocando en ellos desorientación y desarraigo ante una situación inesperada. “Son personas muy mayores, con muchas patologías e incluso muchos con enfermedades como alzheimer o encamados. A cualquiera de ellos les va a producir desubicación, desorientación y desarraigo”, señala.
Entre los principales motivos por los que algunas residencias podrían haber decidido no renovar dichos acuerdos, destacan los elevados precios de las plazas privadas y los ratios de personal exigidos por el gobierno regional a los centros residenciales.
“Una plaza privada va a ser siempre más cara que una plaza concertada. Es posible que muchas residencias que cobren más por una plaza privada hayan decidido no continuar con el acuerdo. Además, se les exige mucho menos personal que en una empresa privada o con plazas concertadas. En las residencias de titularidad pública el ratio de media es un 0,93, en las de gestión privada de un 0,7 y en las residencias privadas de un 0,35”, explica.
Establecer en todas las comunidades autónomas planes de creación de residencias públicas es una de las principales soluciones que plantean desde esta organización, que lleva años luchando por una vida digna de las personas mayores en las residencias. “Hay un déficit evidente porque es mayor la demanda que la oferta. Como no hay plazas públicas suficientes se dan plazas concertadas, pero tampoco cubren toda la demanda. Por lo tanto, siempre va a haber un mercado a donde acudan las familias porque en un momento determinado no puedan responsabilizarse del cuidado de su mayor y tengan que meterlo en una residencia, viéndose obligados a vender parte de su patrimonio o, por ejemplo, sus pisos”, cuenta Miguel.
A pesar de que desde el gobierno regional aseguran que el número de plazas será el mismo y no habrá una reducción, la realidad es que con la entrada en vigor de este nuevo Acuerdo Marco el número de residencias acogidas al plan ha descendido de 217 a 185 centros. Desde PLADIGMARE consideran que debería haberse producido un incremento en el número de plazas debido principalmente al crecimiento demográfico del que ha sido testigo en los últimos años la Comunidad de Madrid. “Ahora mismo hay más gente con necesidad de acudir a una residencia pública que hace cuatro años. No van a poder acceder a una plaza pública ni concertada y si no tienen más remedio acabarán accediendo al sector privado, donde se les va a cobrar más. Si das las mismas plazas concertadas quiere decir que no aumentas nada y vas a seguir mandando a más gente a las plazas privadas”, señala.
Familiares y residentes, principales afectados
Como familiar de una de las personas mayores afectadas ante esta situación, Luis critica la falta de información proporcionada por parte de la Comunidad de Madrid, el complejo procedimiento de asignación de las plazas y la insuficiente oferta en residencias ubicadas en el centro de Madrid. “Me dieron un folio con 120 o 130 residencias, todas ellas fuera de Madrid salvo unas diez, y tenemos ocho días para contestar y elegir cinco preferencias. Me metí por Internet para ver fotos de cómo eran las residencias y de todas las que hay en una línea de siete kilómetros desde donde yo vivo, no había ninguna en la lista”, explica. Entre las ofertadas, la gran mayoría de ellas se encuentran ubicadas en municipios a las afueras de la región, como es el caso de El Escorial, Griñón, Cercedilla, Aranjuez, e incluso pueblos limítrofes con la provincia de Toledo. Una oferta que perjudica directamente a aquellos familiares que visitan con frecuencia a sus familiares y que ahora deberán recorrer kilómetros y kilómetros para poder realizar estas visitas. “No puedes ir a mirarlos. Tenía que haber estado los ocho días por Madrid viendo residencias. Esas opciones, sobre todo yo que voy a ver a mi madre día sí y día también, eran inviables. He elegido las más próximas que, aunque están al lado contrario de donde yo vivo, no dejan de estar en Madrid”, cuenta.
En cuanto a la falta de información, este familiar afectado asegura tener conocimiento de que existen residencias ofertadas por la Comunidad de Madrid que, a día de hoy, no han firmado el convenio y desconocen el número de plazas que podrán ofrecer. “Fui a dos o tres residencias y en ninguna te dicen si hay plazas o no. Hay mucho ocultismo. En una de ellas dije que estaba buscando y me dijeron que estaban en negociaciones con la Comunidad de Madrid pero que no tenían el contrato firmado ni las plazas asignadas. ¿Cómo puede ser que no hayas firmado el acuerdo y ya estés ofertando esas plazas?”, se pregunta Luis.
"Lo único que podemos hacer es vender su piso"
Su madre está sufriendo ya las primeras consecuencias de estos traslados obligados, siendo testigo en su actual residencia de comentarios entre los residentes sobre quiénes, cuándo y a dónde serán trasladados. “Mi madre está como cuando eres un niño y te van a cambiar de colegio. Dentro de la residencia hay muchos comentarios y se están creando unas incertidumbres bestiales. Me pregunta que dónde la voy a llevar y qué podemos hacer para que se quede allí. Yo le digo que lo único que podemos hacer es vender su piso y hasta donde llegue”, cuenta. Además, las familias afectadas critican la falta de información proporcionada por la Comunidad de Madrid que, tal y como aseguran, ha utilizado a las residencias como una simple forma de “correo”. “No hemos recibido nada de la Comunidad de Madrid, solo un escrito donde se nos comunica la situación y la lista con las residencias ofertadas. No hemos tenido ningún contacto directo. Es como si no existiera la Comunidad aquí”.
La Comunidad estudiará de forma individualizada cada caso
Tal y como ha podido saber Madridiario a través de fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, el Gobierno regional estudiará de forma individualizada las necesidades y preferencias de todos los usuarios afectados para comenzar a llevar a cabo los traslados a comienzos de verano. Además, tal y como apuntan, las condiciones del servicio que recibirán los residentes se verán mejoradas ya que, con el nuevo acuerdo, “incrementa casi un 40% el precio por plaza y día que paga la administración para que los residentes cuenten con más personal de atención o mejoras en la alimentación, entre otros aspectos”.
Desde la consejería liderada por Concepción Dancausa aseveran que se ha procedido a la activación de un mecanismo para “facilitar todo lo posible este proceso a los usuarios afectados”. Asimismo, destacan la labor del Gobierno regional para comunicar dicha situación a través de una carta y “garantizándoles en todo momento la continuidad del servicio que están recibiendo, con las mejoras que supone el nuevo acuerdo marco, en otra residencia con plazas concertadas”.
Para llevar a cabo este proceso de la mejor forma posible, fuentes de la Consejería de Familia Juventud y Política Social aseguran estar contando con la ayuda tanto del equipo directivo de las residencias actuales como del personal laboral de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, habilitando incluso un correo electrónico para resolver las dudas que puedan surgir a usuarios y familiares.
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