El amianto mata. Según nuestros cálculos, el 80 por ciento de los centros educativos de la Comunidad de Madrid están afectados por la presencia de amianto, lo que supone alrededor de 960.000 alumnos y alumnas potencialmente expuestos a una sustancia cancerígena. También lo están docentes y personal educativo, para los que el riesgo es aún mayor al tener que pasar décadas expuestos al amianto en su puesto de trabajo.
La Federación de Enseñanza de CCOO presentó ya en 2018 un informe sobre el amianto que visibilizaba el peligro existente, y siempre hemos demandado lo mismo: un desamiantado completo de los centros educativos de la región. Hemos conseguido victorias en este tiempo, aunque el desamiantado que lleva cabo la Comunidad de Madrid es, a todas luces, insuficiente. La salud de casi un millón de alumnos y docentes madrileños está en juego. Desde entonces hasta hoy se han sumado sindicatos, familias, vecinos y asociaciones a la lucha por la retirada del amianto en centros educativos.
La nueva Ley de Residuos aprobada recientemente en el Congreso fija 2028 como año límite para la total retirada del amianto en centros educativos. Si la Consejería de Educación sigue a este ritmo, para 2028 la Comunidad de Madrid habrá desamiantado en torno al 3% de los centros que lo requieren. Es una cifra tan ínfima que solo puede revelar dos cosas: o una absoluta incompetencia, o la intención de dedicar los fondos públicos a otros asuntos, como pueda ser, sin ir más lejos, el de seguir adjudicando contratos al hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Mientras tanto, las consecuencias ya se están sintiendo. Hay un centro de nuestra Comunidad donde varios profesores han sufrido cáncer en los últimos años y cuyos expedientes médicos señalan que la causa del mismo es “compatible” con la producida por las fibras del amianto. A pesar de las muertes por asbestosis de trabajadores del Metro de Madrid, el Gobierno de Díaz Ayuso sigue cruzado de brazos.
La situación es crítica y urgente. En el colegio San Gregorio de Galapagar llevan 41 años dando clase de gimnasia bajo un techo de amianto deteriorado, que ha pasado por varias reformas debido a roturas y goteras, y cuyas fibras suponen un gran riesgo para la salud de trabajadores y alumnado. En 2018, delegados y delegadas del Comité de Seguridad y Salud denunciaron la situación, y es ahora, 4 años después, tarde y con desgana, cuando la administración está empezando a elaborar los informes pertinentes. Dicen que las obras comenzarán este verano, pero a estas alturas ni el informe está concluido ni las obras se han licitado. Y lo mismo sucede en el CEIP Ciudad de Pegaso, con más de 3.200 metros cuadrados afectados por amianto. No se ha realizado nii informe técnico, ni análisis de prevención de riesgos. La Consejería de Educación lo ha abandonado.
En 2018, tras la denuncia de CCOO, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se comprometió a la retirada del amianto, pero hasta ahora este proceso ha sido extremadamente lento. De los 2.800 centros educativos que se estima podrían contener amianto, ¿cuántos de ellos ha desamiantado la Comunidad de Madrid desde 2018? ¿Cincuenta? ¿Cien? Sería bastante, pero no suficiente. ¿Trescientos? En los últimos cuatro años, la Comunidad de Madrid solo ha retirado amianto de 33 puntos, o lo que es lo mismo, solo ha retirado amianto del 1,2% de los centros que lo contienen.
Los riesgos son tremendos. Las fibras del amianto pueden producir asbestosis (un tipo de fibrosis pulmonar), cáncer de pulmón, de laringe, y mesioteloma o cáncer pleural. El peligro suele comenzar cuando el material llega al final de su vida útil, que son 30 años, y la uralita de los centros educativos afectados fue instalada en los años setenta. Calculen ustedes. La comunidad educativa no puede esperar más. Hay vidas en juego.
Es preciso un censo e identificación del amianto en centros educativos, así como una evaluación del nivel de deterioro para que el amianto de esos centros sea retirado durante el verano de manera urgente. Es necesario coordinar un plan para la retirada y gestión del amianto, un plan que la Consejería de Educación dice tener pero no lleva a cabo. También es necesario un registro de las personas expuestas y su inclusión en un seguimiento médico específico.
Dirán que no hay dinero, pero obras de este tipo sí están incluidas en la Estrategia de Reconstrucción y Resiliencia de la Comunidad de Madrid para su financiación con fondos europeos, de los que recibirán 22.371 millones de euros. Fondos hay de sobra: es una cuestión de voluntad política. La Propuesta No de Ley promovida por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos y que se debatirá el próximo 17 de marzo en la Asamblea de Madrid debe ser apoyada por PP y VOX. No queda otra que alcanzar un consenso que obligue al Gobierno de Ayuso, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, a ser el buen desamiantador que nuestros coles y sus comunidades educativas necesitan.
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