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Exigían entre 40.000 y 70.000 euros a compradores del municipio

La juez investiga el cobro de dinero negro por pisos protegidos de Arganda

Por MDO
lunes 26 de noviembre de 2007, 00:00h
Amenazas, chantaje y corrupción. Una presunta trama de Arganda del Rey exigía dinero negro a distintos compradores por pisos protegidos. Según informa este lunes el diario El País, el Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey investiga una presunta red que, mediante amenazas y chantajes, cobró entre 40.000 y 69.000 euros en dinero negro a decenas de compradores de vivienda protegida en el municipio.

La Policía Nacional ha desmantelado una nueva trama de empresas mercantiles, con sedes en Madrid y Palma de Mallorca, que habrían defraudado a la Seguridad Social cerca de 12 millones de euros. Según parece, el posible delito fue cometido durante la comercialización de dos promociones con un total de 136 viviendas situadas en la confluencia de la avenida de la Tolerancia y la calle de la Comprensión, en una zona de nuevo desarrollo urbanístico del municipio. Las casas  fueron vendidas en 2005 y todavía se desconoce cuántas podrían haber sido vendidas a un sobreprecio ilegal. Hasta ahora han sido imputadas cinco personas que trabajan o tienen puestos de responsabilidad en la inmobiliaria Vilsa.

La magistrada investiga también si varios de los imputados han concurrido en un delito de coacciones, ya que una mujer denunció la trama y recibió presiones para retirar sus quejas. De la misma manera, el Ministerio de Hacienda investiga a dichos individuos por irregularidades fiscales.

Al menos veinte compradores han declarado ante el juez. Todos han confirmado las exigencias de la empresa inmobiliaria. Los presuntos estafadores exigían ese dinero en negro para no perder la posible compra de una vivienda un 30 por ciento por debajo del de mercado. Según explicó uno de los testigos, los criminales explicaban que el 'pago extra' era "para otras personas que habían comprado antes el piso sobre plano y que se habían arrepentido".

Un informe de la Guardia Civil, incluido en las diligencias y fechado el 13 de junio, corrobora los pagos irregulares. Confirma que "la promotora exigía a los compradores, en la última fase de la compra, una cierta cantidad de dinero en B". También indica que la promotora "ha cobrado de más a los propietarios que lo que la Comunidad de Madrid estipuló" en la Calificación Definitiva de Viviendas de Protección Pública.

Préstamos irregulares
Entre otros casos, se destaca el de una compradora a la que la hipoteca obtenida en el banco se le quedaba 9.000 euros corta para llegar al precio de venta del piso. Parece ser que la promotora prestó 9.000 euros que le faltaban mediante la firma de 60 letras de cambio de 210 euros". Es decir, 12.600 euros en cinco años. Según denuncia El País, podría existir cierta connivencia entre la promotora y la entidad financiera, ya que este préstamo se debió a que en el banco le recomendaron acudir a la promotora.

La juez investiga si la red exigía dinero en las oficinas de Vilsa y, posteriormente, era entregado a Sánchez Primo. Los denunciantes explicaron en muchos casos que eran trabajadores de la empresa quienes recogían el dinero y lo guardaban en bolsas.

Hasta el momento sólo han declarado Villapalos, que negó haber exigido a un comprador 56.750 euros "si querían firmar las escrituras", y Trillo, que negó haber exigido 40.200 euros a una cliente ni haberla amenazado para que retirar sus denuncias). Sánchez Primo y las dos empleadas lo harán en las próximas semanas. El promotor asegura que él no se ha llevado "ni un euro" en dinero negro y que no se hace responsable.

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