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La alcaldesa de 'Sanfer, tras una entrevista concedida a Madridiario.
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La alcaldesa de 'Sanfer, tras una entrevista concedida a Madridiario. (Foto: Salva Pons)

Procesada la alcaldesa de San Fernando por prevaricación y revelación de secretos en el caso de Plaza de España

Por MDO/E.P.
lunes 02 de julio de 2018, 18:50h
La alcaldesa de San Fernando de Henares, Cati Rodríguez, será procesada por presunta prevaricación y revelación de secretos en el caso de Plaza de España. La regidora ya fue imputada por estos delitos al entender que personas ajenas al Consistorio habían tenido acceso a documentación protegida.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Coslada ha acordado abrir procedimiento abreviado contra la alcaldesa de San Fernando de Henares, Cati Rodríguez, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos e infidelidad de custodia de documentos en el caso de Plaza de España.

En un auto, fechado el 21 de marzo, el juzgado también procesa al asesor jurídico Jaime Morales y al miembro del grupo municipal San Fernando Sí Puede Joaquín Gómez por un presunto delito de infidelidad de custodia de documentos y de revelación de secretos.

La regidora de San Fernando ya resultó imputada por estos presuntos delitos tras las querellas presentadas por el PSOE e IU en la localidad al entender que personas ajenas al Consistorio habían tenido acceso a documentación protegida sobre la reforma de la Plaza de España de la localidad.

El Juzgado da por concluida la instrucción y acuerda la apertura de juicio contra la regidora y los otros dos acusados, tras analizar la documentación requerida y tomar diversos testimonios.

"De las diligencias relacionadas en el antecedente de hecho de esta resolución, que se entienden por suficientes para dar por concluida la presente instrucción, se desprende la comisión de hechos constitutivos de delito, y su participación en ellos del investigado", recoge el auto.

En este sentido, expone que los documentos del archivo municipal, sobre la reforma de Plaza de España incluyen multitud de datos de personas físicas y jurídicas, datos e informes de entidades públicas. Así, explica que indiciariamente la alcaldesa y el asesor jurídico autorizan a Joaquín Gómez a manejar datos facilitándole las llaves del archivo, en la que "puede operar libremente y manejar dichos datos y documentos "sin control alguno".

Al respecto, añade que la alcaldesa detalló que esta persona era un voluntario de su grupo municipal y que ella le había autorizado, algo que se reflejó a petición del PSOE en el acta de la comisión de Cuentas del día 14 de junio de 2017, sin que conste grabación de esa manifestación.

También alude a que con el decreto 3535/15 la alcaldesa acuerda que el acceso a los despachos de los grupos políticos municipales era exclusivamente de 8 a 15 personas y para los concejales y sus acompañantes, "contradiciendo el mencionado decreto y autorizando a una persona ajena al Ayuntamiento el acceso a dicho archivo, en el que se contiene la información y documentación antes referida".

"De todo lo anterior, se desprende que los hechos que constan en la querella arrojan indicios de comisión de hechos que podrían ser constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos por cuanto según declaración de la propia alcaldesa, a pesar de haberse contratado a un letrado para la asistencia técnica en los procedimientos judiciales que atañen al Consistorio, designó a Joaquín Gómez, persona totalmente ajena al Ayuntamiento, por ser de su mismo partido y amigo personal para la organización y archivo de toda una documentación referente a procedimientos judiciales, sin adoptar el correspondiente acuerdo de la comisión", añade la resolución judicial.

Aparte, se alude a que esa autorización se habrían realizado "sin fijar oficialmente retribución alguna, sin honorarios ni jornada laboral, teniendo acceso a la fotocopiadora y al escáner, ni el debido tratamiento en cuanto la protección de datos de carácter personal".

Cati Rodríguez aseguró en febrero de 2017 cuando acudió a declarar al juzgado que en el archivo municipal sobre documentación referida al proceso de reforma de la Plaza de España del municipio no se recogía ningún tipo de documentación secreta o protegida y ha asegurado que la querella interpuesta por el PSOE solo es un "intento de derrocar" al actual equipo de Gobierno municipal.

En su comparecencia defendió que la documentación disponible en un archivo del Ayuntamiento no era de carácter municipal sino de una "mercantil privada", en referencia a la empresa creada para la remodelación de la plaza, y que ahí no había datos "protegidos, personales ni secretos", sino documentación habitual de una actuación mercantil entre sociedades.

La alcaldesa se defiende

En un comunicado, la alcaldesa ha replicado que su grupo "siempre ha trabajado por la transparencia" y que, tras su llegada al poder, tomaron la decisión de "investigar lo que había pasado".

“Con nuestra actuación personándonos en la distintas causas y aportando documentación conseguimos que el fondo buitre que quería especular con los bienes de San Fernando y de sus vecinos se retirase de la oferta, que un juzgado de lo penal admitiese que la plaza de España era una plaza pública y que por lo tanto no se podía vender, tal como hubiese sucedido si no llegamos a intervenir", ha defendido.

"Hay que preguntarse dónde estaban los partidos que hoy denuncian que levantemos las alfombras y pongamos luz y taquígrafos a lo que ha sucedido en San Fernando. Hay que preguntarse dónde estaban los partidos que hoy denuncian que levantemos las alfombras y pongamos luz y taquígrafos a lo que ha sucedido en San Fernando", ha añadido. "¿Por qué nadie de la oposición, antes en los respectivos gobiernos, ha interpuesto ninguna denuncia sobre lo que pasó en la legislatura en la que desaparecieron 100 millones de las arcas públicas? ¿Qué clase de pacto de silencio existía sobre esa situación y porqué tienen miedo a qué nosotros hagamos pública la situación de las cuentas municipales?", ha concluido.

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