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Las dos máscaras

Por Enrique Villalba
miércoles 21 de octubre de 2015, 18:07h
El Ayuntamiento de Madrid pretende que los vecinos del bloque de pisos de la calle Duquesa de Tamames de Carabanchel, derrumbado en el mes de agosto, paguen 282.250 euros en concepto de labores de demolición, desescombro y apeo de edificios del edificio contiguo. Vecinos que se han quedado sin casa. Algunos de ellos están pagando la hipoteca de un piso que ahora no existe. Otros, mayores de bajos recursos, como admitió el propio Consistorio cuando se puso la medalla de darles toda la asistencia social que necesitasen para que no se quedasen en situación de desamparo.

Es decir, que el Gobierno municipal está responsabilizando a los vecinos del problema, al plantear la situación como una ejecución sustitutoria ordinaria que, presuntamente, tenían que haber previsto y cuidado los vecinos (y en la que han debido considerar que los seguros contratados por estos debían haber dado la cara de manera automática, como ocurre cuando hay un incendio, una inundación o ha habido que tabicar por un problema estructural), cuando parte de la responsabilidad es del propio Consistorio. Y es que el Ayuntamiento sabe que el derrumbe tiene origen en un local cerrado y abandonado donde la Inspección Técnica de Edificios realizada en 2012, cuya potestad es municipal, no detectó los daños que sufría uno de los pilares. José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano, argumentó a consultas de Madridiario que estas inspecciones, según la Ley, no tienen que llegar al detalle de comprobar ese tipo de daños si los pilares están revestidos. Eso sí, cuando este periódico solicitó el informe de la ITE para cotejar el análisis urbanístico, se negó, aduciendo que el documento es confidencial mientras continúe la investigación, no vaya a criminalizarse a algún inspector. Posteriormente, el Gobierno municipal se apresuró a anunciar modificaciones normativas para hacer más precisas las ITE y evitar nuevos casos como los de este verano.

La realidad es que, según el censo de vivienda municipal de 2011, casi dos de cada cien edificios de la ciudad están en condiciones malas o ruinosas, y casi la mitad tienen más de medio siglo de vida. Es decir, que son susceptibles de tener problemas urbanísticos en el corto o el medio plazo. La mayor parte de ellas se encuentran en los distritos interiores de la M-30, y en muchos de ellos viven ciudadanos con bajo nivel adquisitivo y, en muchos casos, población envejecida. Datos todos que reconoce Ahora Madrid en su programa. O sea, que la actuación de rehabilitación que planea el propio Consistorio tiene que prever la dicotomía de la recuperación de los edificios de la mano de una cobertura social para sus inquilinos más vulnerables.

Mientras ese proyecto llega, el Ayuntamiento tendría que entender que la situación de estos afectados requiere una medida de gracia. No puede jugar a tener dos máscaras para los problemas: la social, y la burocrática y sin alma, según convenga. Sobre todo, cuando el emblema del Gobierno municipal es que la vivienda es un derecho y no un lastre que acaba con las expectativas de vida y progreso de la ciudadanía.

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