Una prestación de ingresos mínimos contra la pobreza

La crisis económica en nuestro país sólo se ha abordado facilitando y abaratando el despido por parte de los empresarios, a través de la devaluación del empleo, la ruptura de las relaciones laborales y la rebaja de los salarios. La reforma laboral del 2012, junto a otras que se aprobaron con anterioridad, ha incidido en esta línea de degradación con repercusiones muy negativas en términos laborales, sociales y, también, económicas y productivas.

Reformas que también han fomentado el debilitamiento del papel instrumental de la negociación colectiva como instrumento de distribución más justa y equitativa de la productividad de las empresas.
Negociación colectiva que, en nuestra reciente historia, ha permitido mejorar la situación laboral y salarial de los trabajadores y trabajadoras y, además, establecer un marco de estabilidad y proyección para las propias empresas.

Las elevadas cifras de paro que soporta nuestro país: El lacerante paro juvenil, el desempleo que sufren los trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años y el incremento del paro de larga duración que cercena las expectativas de encontrar un empleo hace que muchos no tengan, o vayan perdiendo, las prestaciones y ayudas para afrontar tan dramática situación. En la actualidad, sólo uno de cada 2 desempleados tiene cobertura. Uno de cada 2 no tiene ningún tipo de ayuda.

Junto al paro nos encontramos con la degradación del empleo. Un ejemplo ilustra esta situación: en Madrid, en el pasado mes de agosto, 87 de cada 100 contratos firmados fueron temporales. Uno de cada 4 contratos con una duración inferior a una semana y 1 de cada 3, de menos de 15 días. Y la Comunidad de Madrid se puede considerar afortunada en comparación con otras.

Se crean empleos, sí, pero claramente insuficientes en número y de escasa calidad, de naturaleza precaria, con abrumadora parcialidad, con salarios exiguos y con caída del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Muchos de los empleos que se crean no garantizan los ingresos necesarios para afrontar los gastos básicos de una persona y las familias que se sustentan en dichos salarios.

España registra una tasa de pobreza entre sus trabajadores (pobreza laboral) del 12,3%, lo que le sitúa como el tercer país europeo con el porcentaje más elevado, sólo por detrás de Rumanía
Desde UGT defendemos la necesidad de crear empleo con "mayúsculas", de calidad, porque éste constituye la base de la construcción de una sociedad democrática y próspera, mientras que la persistencia de una elevada tasa de paro es el reflejo de un fracaso colectivo. Proponemos el desarrollo de un nuevo modelo económico y productivo basado en la investigación y la innovación, en la creación de un tejido industrial, complementado en el área social.

UGT MADRID consideramos que hay que hacer una apuesta por el mantenimiento y creación de empleo en los servicios públicos, mejorando la sanidad y la educación junto a las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, servicios sociales y otros con el fin de reforzar un Estado de Bienestar que es una pieza clave en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

En definitiva, un puesto de trabajo, estable, bien remunerado, con garantías de permanencia y que aporte valor añadido es la mejor herramienta contra la pobreza y el riesgo de exclusión social.
Ahora bien, mientas nuestro sistema productivo no sea capaz de ofertar más y mejor empleo, desde UGT reclamamos que sea aprobada una Prestación de Ingresos Mínimos como derecho subjetivo que dotaría de una renta de 426 euros mensuales a personas demandantes de empleo y que beneficiaría a cerca de dos millones de ciudadanos que carecen de ingresos.

Ana Sánchez de la Coba

Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad

UGT Madrid