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El fiscal jefe de Madrid atribuye a la inmigración el aumento de la delincuencia

El fiscal jefe de Madrid atribuye a la inmigración el aumento de la delincuencia

Por MDO/E.P.
miércoles 24 de octubre de 2007, 00:00h
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, atribuyó este miércoles a una parte de la inmigración el incremento de la delincuencia, especialmente la relativa al ámbito de la violencia doméstica y la juvenil, en la Comunidad, cuya impunidad se ve acrecentada, según dijo, por "la libertad de movimiento" existente entre los países miembros de la Unión Europea, lo que provoca la llegada de "extranjeros guiados por un propósito delictivo".
Con su discurso, Moix abrió el mediodía del miércoles el acto solemne de apertura del año judicial de los tribunales madrileños, en el que se dio cuenta de la evolución de la criminalidad y del estado de los órganos judiciales de Madrid, adolecidos de una "extraordinaria" sobrecarga de trabajo que afecta de manera patente a su funcionamiento.

El evento contó con la presencia de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, el vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada, la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Ríos y Javier Martínez Lázaro, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, entre otras personalidades.

Tras dejar claro que no equipara la condición de extranjero con la de delincuente, el máximo responsable de la Fiscalía de Madrid afirmó que "preocupa la incidencia cada vez más acusada que en el fenómeno delictivo tiene la inmigración", y añadió que no se puede despreciar "la realidad objetiva que reflejan los datos".

Esta última afirmación fue respaldada también por el consejero de Justicia al término del acto. Prada señaló que "en cifras hay un incremento de delincuencia que proviene del sector de población inmigrante" e insistió en que "quien equipare la delincuencia con la inmigración hace una reflexión injusta y falsa".

Choque cultural
Según las cifras de la Fiscalía, la población extranjera presa en España creció el pasado año un 9,4 por ciento, frente al 2,2 por ciento de la española. Así, de cada tres internos en un centro penitenciario, uno era inmigrante, lo que supone que el 32 por ciento de los internos no son españoles. Además, el 61 por ciento de los detenidos que pasaron a disposición judicial eran extranjeros.

A juicio de Moix, las concepciones culturales de quienes llegan a España chocan "a veces con la imperante en España, ocasionando que conductas no reprochables levemente sancionadas en los países de origen, merezcan en España un castigo más severo hasta el punto de alcanzar la consideración de delito".

Como muestra de ello trajo a colación los datos sobre la violencia doméstica y juvenil. En Madrid capital, el 60,58 por ciento de los agresores eran extranjeros, la mayoría peruanos y bolivianos, mientras que el 39,42 por ciento eran españoles. En cuanto a los menores, un 56 por ciento de extranjeros estuvieron internados, mientras que un 44 por ciento eran españoles.

Más juzgados
Tanto Moix como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier María Casas, aprovecharon sus respectivas intervenciones para volver a incidir en la necesidad de incrementar la planta judicial y la plantilla fiscal para afrontar la avalancha de asuntos que llegan a los órganos judiciales madrileños.

Casas subrayó que la actual situación de la Justicia madrileña no difiere de la que existía hace un año y aseveró que "los problemas y las necesidades son y continúan siendo sustancialmente los mismos", aludiendo a los datos de la Memoria del TSJM de 2006, que recoge que los tribunales registraron un total de 1,1 millones de asuntos, de los que quedaron pendientes 420.730 temas.

Para solucionar esta avalancha de temas serían necesarios otros 94 juzgados más, según Casas, con el fin de que "en Madrid se pueda administrar una justicia sin dilaciones, que es el mayor inconveniente que tiene la Justicia".

A día de hoy, Madrid tiene el mayor número de asuntos por juzgados de España, pero, sin embargo, dispone del menor número de órganos judiciales por 100.000 habitantes. "Eso es un dato que es objetivo, a lo que se suma la complejidad de los asuntos", apuntó Casas.

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