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Cristina Cifuentes (archivo)
Cristina Cifuentes (archivo)

Cifuentes descarta las privatizaciones sanitarias y promete hacer interinos a 5.000 eventuales

lunes 27 de abril de 2015, 13:50h
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este lunes que si gobierna la región incluiría a todos los efectos en el Servicio Público de Salud los seis hospitales que iban a ser 'externalizados' y convertiría a sus 5.000 trabajadores eventuales en interinos.

Cifuentes ha adoptado este compromiso en una reunión que ha mantenido con la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Sonia Arribas, y con otros representantes del sector, entre ellos miembros de la "marea blanca" y de Podemos, según ha indicado después a los medios de comunicación.

La aspirante popular a la Presidencia autonómica ha rechazado que esta propuesta pueda ser considerada una "enmienda a la totalidad" a la política sanitaria  llevada a cabo por sus compañeros de partido en la Comunidad de Madrid y ha afirmado que ella comparte "muchas cosas" con el proyecto del PP en la región en los últimos años pero también que tiene "derecho" a poder tener su propio "modelo".

Cuando el Gobierno autonómico, con Ignacio González recién nombrado presidente, anunció el plan de privatizacionespara ahorrar en sanidad, se encendió la mecha de una 'marea blanca' de organizaciones profesionales sanitarias, partidos políticos y ciudadanos que desde el primer momento rechazaron las medidas. Sin embargo, el cambio de postura de la Comunidad se produjo después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM decidiera mantener en suspenso la denominada privatización  de los hospitales Infanta Leonor, en Vallecas; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; Infanta Cristina, en Parla; hospital del Henares, en Coslada; hospital del Sureste, en Arganda del Rey; y hospital del Tajo, en Aranjuez para evitar "perjuicios de imposible reparación". Los magistrados, entre otros motivos, argumentaron que los cálculos de ahorro que ofreció el Gobierno regional "son meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Además, consideraron que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía" y que el interés público exige "proceder con cautela".

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