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Miguel Blesa, a su salida de la Audiencia Nacional
Miguel Blesa, a su salida de la Audiencia Nacional

El juez le pide a Bankia la relación de los gastos de las 'tarjetas black'

Por MDO/E.P.
viernes 06 de marzo de 2015, 17:39h

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a Bankia y a la Fundación Caja Madrid que detallen los importes que han soportado en sus cuentas como consecuencia de la utilización de las 'tarjetas black' y quienes han sido sus beneficiarios, concretando el gasto exacto de cada uno de ellos.

En su auto, Andreu acuerda librar oficio al grupo dirigido por José Ignacio Goirigolzarri y a la Fundación Caja Madrid, sucesora de la caja de ahorros, para que aporten "detalle específico" de estas cantidades y considera que es una diligencia encaminada a "preparar el juicio oral y averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas sus circunstancias que pueden influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes". El juez ha atendido la prueba solicitada por los ex consejeros propuestos por CCOO Francisco Baquero y Pedro Bedia, aunque ha considerado "innecesarias" otras actuaciones requeridas por su defensa, como es reclamar a la Fundación Caja Madrid los posibles justificantes de las compras o servicios adquiridos por los usuarios de estas tarjetas opacas al fisco, que causaron un quebranto de 15,5 millones de euros desde 1999 hasta 2012.

Andreu impuso el pasado 27 de febrero fianzas por un total de 4,3 millones de euros a 21 ex consejeros de Caja Madrid, que oscilan entre los 11.000 euros y los 610.000 euros. En el marco de esta investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene imputados a 82 antiguos miembros del Consejo de Administración y exdirectivos de Caja Madrid, entre ellos los ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato o el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.

El juez tipifica estas conductas como un delito continuado de administración desleal, que sanciona a los administradores de cualquier sociedad que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo. Incluye como alternativa la calificación como apropiación indebida, teniendo en cuenta que conocían, o debían conocer, que el uso de la tarjeta solo podía estar destinado a gastos derivados de su función.

Declaraciones

Los distintos consejeros que han ido prestando declaración en estas últimas semanas ante el juez Andreu han intentado mantener que si dispusieron de las tarjetas para gastos personales fue porque así se lo habían indicado en Caja Madrid. El ex presidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández aseguró en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que nadie se encargaba de la gestión de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia. "Ocuparse, lo que se dice ocuparse, no se ocupaba nadie", señaló a preguntas del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. "Creo que era una secretaria que no recuerdo porque tuve poco contacto y nunca pasé del límite. Yo hacía el gasto, al final del año me mandaban el certificado", afirmó.

Fernández, que gastó 37.300 euros con su tarjeta --10.500 de ellos en sus propios restaurantes--, también dijo que la tarjeta de Caja Madrid se la entregó el que era vicepresidente de la entidad, José Manuel Fernández Norniella, a través del secretario general del Consejo de Administración, y que no recordaba quién le dio la de Bankia. "(Norniella) me dijo que era una tarjeta para gastos personales con un límite de 25.000 euros y que no tenía que justificar los gastos", explicó. El compareciente llegó a calificar la 'visa black' de "transparente y sin ningún otro problema" y aseguró que siempre entendió que se trataba de "una tarjeta con todos los atributos de la legalidad que corresponde a una tarjeta de crédito con la fiscalidad correspondiente".

Por su parte, Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, aseguró durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que cuando le entregaron la 'tarjeta black' de Caja Madrid le dijeron: "Gástalo en lo que consideres oportuno pero dentro de una lógica y una prudencia". Romero de Tejada defendió que podía utilizar la visa opaca al fisco "discrecionalmente, con un límite de carácter económico mensual" y que "entre el 70 o el 80 por ciento" de sus gastos fueron "inherentes" a su posición como consejero.

En contra de lo manifestado por otros ex consejeros, que señalaron que con la presidencia de Miguel Blesa se generalizaron los gastos personales con las tarjetas de empresa, Romero de Tejada insistió en que los plásticos tuvieron "el mismo tratamiento" durante los 19 años que permaneció en la entidad. El ex consejero, que gastó 212.216 euros con su visa en puros, lotería y otros servicios, también señaló que nunca pensó que las 'tarjetas black' pudieran ser constitutivas de algún delito. "Durante el tiempo que estuvo el señor Montero, jamás me hizo ninguna advertencia de que estuviese haciendo algo que incumpliese con la normativa. Jamás me llamó para decirme que hubiese hecho un gasto indebido", apuntó.

Por su parte, el ex vicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que hubiera preferido tener despacho, apoyo administrativo o técnico y poder disponer de un vehículo de la flota de la entidad, pero le dieron una 'tarjeta black', de la que podía disponer "libremente", sin aceptar justificantes de los gastos. Moral Santín destacó que el entonces secretario general Ángel Montero le comunicó que se trataba de una "institución consolidada" desde hacía años en la caja de ahorros y que podía destinar el plástico tanto a gastos relacionados con el ejercicio de su actividad, como otros de "carácter más personal".

Al ser preguntado por el juez por la extracción de 300, 500 o 600 euros de los cajeros automáticos, Moral Santín reconoció que sacaba este dinero y lo concebía como "una remuneración de la que podía disponer libremente". "Tenía un flujo de recursos para reparar el automóvil. Tenía una gran dedicación a la caja como consejero y en la obra social y esto me obligaba a tener muchas reuniones con asociaciones, interlocutores institucionales...", añadió. "No podía pasar ninguna factura ni la pasé nunca a la caja porque no me la aceptaban, entre otras cosas", continuó su ex vicepresidente, para añadir que "hubiera preferido tener unos recursos normalizados". "Cuando nos dieron la tarjeta nos dijeron que no íbamos a tener despacho ni podíamos cargar ningún tipo de gasto de ninguna naturaleza, aunque fuera relacionada con la actividad de consejero". Moral Santín, a quien el juez fijó después una fianza civil de 610.000 euros, aseguró que no tuvo "ninguna duda sobre el sentido legal y legitimo" de la tarjeta porque se trataba de una de las primeras entidades del país, con unos "reputados y magníficos" profesionales."Actué con la convicción de que actué correctamente", precisó.

Asimismo, el ex presidente de la Asamblea de Madrid Ramón Espinar (PSOE), uno de los antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid imputados por el uso de tarjetas de la entidad opacas al fisco, ha justificado haber estado utilizándola durante dos meses y medio después de haber cesado en el cargo porque era "una costumbre tan extendida y tan en el sistema" que decidió mantenerla. Espinar cesó el 28 de enero de 2010, pero en el extracto de su tarjeta, a la que cargó 178.400 euros, figuraban gastos hasta el 18 de abril de ese año, una cuestión sobre la que fue interrogado en su declaración del pasado febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El exc onsejero de la Comunidad de Madrid y ex alcalde de Leganés explicó que quienes dejaban de ser consejeros entraban luego en el Consejo de Administración de una empresa participada por Caja Madrid y se les prorrogaba el uso de la tarjeta tres meses."Y me pareció correcto que se mantuviera lo que en el pasado se hizo", afirmó. Cuando el fiscal le preguntó si le parece correcto seguir percibiendo retribuciones sin ocupar ya un puesto de trabajo, Espinar contestó que "no era un puesto de trabajo" y que se trataba de "una costumbre tan extendida y tan en el sistema" que él también decidió seguir haciendo uso de la tarjeta.

Los sindicalistas de CCOO Juan José Azcona y Rodolfo Benito y los de UGT Gonzalo Martín Pascual y José Ricardo Martínez sostuvieron, por su parte, ante el fiscal que intentaron hacer un uso correcto de las tarjetas y que los gastos estaban ligados a su función como consejeros de la entidad como se les trasladó. Por ejemplo, Martín Pascual explicó que cargó a la tarjeta comidas, viajes o ropa, ya que a las reuniones del consejo de administración había que asistir con traje y corbata, una ropa que "no era habitual" en su armario.

En cuanto a su fiscalidad, todos dicen que preguntaron y se les dijo que Caja Madrid se ocupaba de ello. "Yo no lo miraba exhaustivamente y estaba convencido de que una entidad como Caja Madrid hacía la declaración fiscal. No se me pasó por la cabeza en ningún momento que no se declarase fiscalmente esa tarjeta", dijo ante el juez el ex secretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez.

El miembro de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües reconoció en su declaración que realizó gastos personales con su 'tarjeta b' y recurrió a ella para el regalo de boda de hijos de consejeros, cenas o el envío de flores; ya que entendía que su uso no estaba limitado a gastos de representación y el expresidente de la Asamblea de Madrid, Jesús Pedroche, relató durante su declaración que su primera reacción tras salir a la luz las primeras informaciones fue la de "sentir una profunda decepción". "Una gran preocupación como consecuencia de lo que a mí en ese momento me pareció un engaño tremendo", lamentó.

Un consejero excepcional

El único consejero que no utilizó la tarjeta fue Francisco Verdú, número dos de la entidad quien aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que no utilizó la 'tarjeta black' que le entregó "personalmente" el ex presidente Rodrigo Rato porque no figuraba en su contrato y por "oficio bancario" ya que en otros bancos se justificaban incluso las cestas de navidad que costaban por entonces "15.000 pesetas". "No uso y no usaré nunca una que tenga gastos sin justificar", dijo.

Verdú, que declaró como testigo, indicó que fue Rodrigo Rato quien le entregó un sobre con el contrato de adquisición del plástico y le dijo que tenía un límite de 75.000 euros para "poder gastar en gastos sin justificación". "Yo no la uso y obviamente ni lo abro", continuó el compareciente, para recordar que se encontraba en vigor un real decreto que obligaba a reducir a un máximo de 600.000 las retribuciones para los directivos de las filiales de las entidades que habían recibido ayudas públicas, una cantidad que suponía una "cuarta" parte de lo que había negociado y de lo que "ganaba antes". "No me incorporé al Consejo por temas económicos", precisó.

"Según mi ética y mi manera de ver las cosas, hubiese tenido que tener menos salario para al final tener menos de 600.000 euros, que es el salario que marca la ley", destacó Verdú, para enfatizar que principalmente no utilizó la tarjeta porque no estaba incluida en los conceptos retributivos de su contrato y, en segundo lugar, por "oficio bancario".

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