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    8 de diciembre de 2021

juez Andreu

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, paralizar los procedimientos inspectores incoados sobre Bankia, la Fundación Caja Madrid y 61 contribuyentes por el uso de las 'tarjetas black', a las cuales se cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la causa por las 'tarjetas black' de Caja Madrid que seguía contra el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, y otros once exdirectivos de la entidad, aunque les mantiene en la causa como partícipes a título lucrativo del delito que habrían cometido los exconsejeros que les asignaron los plásticos.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, donde recayó por reparto el pasado viernes la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra Rodrigo Rato y otros en relación a un posible delito de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes se ha inhibido a favor del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular ese el juez Andreu, que ya se encarga de Bankia. Además, ha incoado diligencias previas.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a Bankia y a la Fundación Caja Madrid que detallen los importes que han soportado en sus cuentas como consecuencia de la utilización de las 'tarjetas black' y quienes han sido sus beneficiarios, concretando el gasto exacto de cada uno de ellos.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas por un total de 4,3 millones de euros a 21 ex consejeros que cargaron gastos personales a las 'tarjetas black' que fueron concedidas por Caja Madrid desde 1999 hasta 2012.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará mañana, lunes, a interrogar a 27 antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las 'tarjetas black' opacas al fisco, en la que cargaron en gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012, informaron fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil solidaria de 800 millones de euros a Bankia, a su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), al ex presidente Rodrigo Rato y a los antiguos miembros del Consejo de Administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. Bankia y BFA recurrirán la fianza.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a 78 antiguos miembros del Consejo de Administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las 'tarjetas black' opacas al fisco, en la que cargaron en gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto una pieza separada en el caso Bankia para investigar los hechos relacionados con la existencia de las supuestas 'tarjetas B' en Caja Madrid y ha citado como imputados para el jueves 16 a los ex presidentes Miguel Blesa, Rodrigo Rato y al ex director general de Caja Madrid, Ildefonso Sanchez Barcoj.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como querellados a partir del próximo día 3 de marzo al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y los que antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta; el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito; y el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, no violó los plazos constitucionales y legales correspondientes ni se confabuló con los fiscales anticorrupción, Juan José Rosa y José Grinda, para prorrogar la estancia en prisión de una veintena de imputados en el marco de la denominada 'operación Emperador', desarrollada contra más de cien personas el pasado mes de octubre, cuando había expirado el plazo legal de 72 horas de detención.

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