El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha comenzado recientemente el proceso de diligencias por el sacrificio de Excalibur a raíz de una denuncia presentada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), contra Javier Rodríguez y el director General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. También hay otra denuncia presentada en el mismo sentido por la Asociación Contra el Maltrato Animal.
PACMA estimó que la resolución dictada por la Consejería de Sanidad que dio lugar al sacrificio del animal vulneró, entre otros, el artículo 12 de la Ley de Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid, al ordenar el sacrificio sin un diagnóstico previo de enfermedades transmisibles, sino fundamentándose en simples hipótesis.
La diligencia de ordenación con fecha 24 de octubre de 2014 acordó la apertura de las diligencias previas, librando parte al Ministerio Fiscal y requiriendo igualmente al abogado de dicha asociación. Incoadas las mismas, se procederá al inicio de la fase de instrucción para la valoración de las pruebas que se vayan practicando para que la sala determine si hay o no indicios de la comisión del ilícito penal denunciado.
La audiencia para deliberar si se admite o no la denuncia se ha fijado para el próximo 25 de noviembre. En caso de que se admita, se designará a un juez para que lleve a cabo la instrucción. La denuncia se interpuso por la comisión de un supuesto delito de prevaricación en relación al sacrificio a la mascota del matrimonio. Los abogados de Javier Limón, del despacho Garzón Abogados, han adelantado que se personaran en estas diligencias.
Sanidad rechaza la conciliación
En otra línea, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha rechazado la conciliación ofrecida por los abogados de Teresa Romero por atentar "gravemente" a su honor por las declaraciones que hizo sobre el contagio de su enfermedad. Recalcan además que el consejero ha pedido disculpas públicas y reiteradas tanto a Teresa Romero como a su marido, Javier Limón, con quien intentó incluso hablar por teléfono y al que remitió una carta expresando sus disculpas por lo sucedido.
Los abogados de Teresa Romero trataban de que Sanidad aceptara en el acto de conciliación abonar la cuantía de la indemnización de 150.000 euros que iría destinada a varias ONG, sobre todo a protectoras de animales. En caso de que se rechazase la conciliación, interpondrían la demanda civil, cuyo principal objetivo es que "se limpie la imagen de Teresa".
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