La inversión en familia, en el epicentro de la salida de la crisis

El próximo día 20 de noviembre se cumplen 25 años de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por 193 países, un hito histórico en la protección de la infancia.

Siempre que recuerdo ese logro lo asocio con la canción de Abba "Chiquitita", que el grupo sueco dedicó precisamente a la protección de la infancia. Mi madre se la cantaba a mi hermana pequeña. Y mientras le cantaba "Chiquitita" supongo que pensaba que su bebé tendría una vida mejor, que viviría una etapa de progreso social y económico, en la que no se repetirían las carencias que ella, nacida en la posguerra, sufrió.

Sin embargo, y tristemente, la situación que hoy viven los niños españoles, no es la que imaginábamos hace 25 años, ni tan siquiera hace seis años, en 2008, año en el que empezó la crisis.

Según los últimos datos publicados por el INE, en el año 2013, cerca de tres millones de menores de edad (uno de cada tres niños), se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social; el 8,3% de estos niños vivían en hogares con privación material severa; el 46,9% de estos hogares no podían afrontar gastos imprevistos y el 50,9% no podían permitirse una semana de vacaciones al año.

Pero el avance y la evolución de la pobreza y la desigualdad en España desde el inicio de la crisis está directamente relacionado, en primer lugar, con la debilidad de los sistemas de protección, que debían haber evitado la situación de emergencia social que hoy vivimos, y que tiene especial incidencia en las familias con hijos.

Mientras la riqueza nacional creció de manera galopante, en la década previa a la crisis, el volumen y la eficacia de la inversión en políticas públicas de apoyo a la familia y la infancia creció muy lentamente para después estancarse y caer.

Es evidente que España desperdició durante ese tiempo la posibilidad de fortalecer un sistema de protección que ha demostrado ser esencial en el éxito de otros países a la hora de sortear el impacto de la crisis sobre los niños.

Pero si la proporción del PIB que nuestro país destinaba a políticas de protección social, ya era baja antes de la crisis (un 1,4%, frente a la media del 2,2% de la UE), la intervención del Estado durante estos años, aplicando políticas de ajuste y austeridad en forma de recortes, ha debilitado aún más los sistemas de protección, y ha supuesto una reducción de las transferencias sociales a las familias y un aumento de la presión fiscal, complicando por tanto las cosas aún más.

Un dato especialmente significativo es que mientras el número de niños pobres ha aumentado, durante la crisis, en 800.000, la inversión total en políticas destinadas a la infancia se haya recortado, entre 2010 y 2013, en un 14,6%.

Entre tanto el Gobierno ha fiado la recuperación social a la creación de empleo, pero los datos muestran sin embargo que la baja calidad de los nuevos empleos impide a muchas familias trabajadoras con hijos escapar de la pobreza.

Las tasas de pobreza entre familias con empleo e hijos prácticamente doblan la de aquellas que no tienen hijos, lo que evidencia que incluso en el mejor de los casos, la recuperación del empleo no conseguiría sacar de la situación de riesgo de pobreza y exclusión social a estos niños y sus familias.

Un efecto colateral de todo esto, que hay que tener muy en cuenta, es que se ha disparado el miedo a tener hijos. El año del inicio de la crisis, 2008 puso fin al crecimiento lento pero continuado de las tasas de fertilidad, cuya recuperación, a nadie se le escapa, es una condición necesaria para revertir los efectos de una pirámide demográfica invertida que sería incapaz de sostener en el futuro las pensiones y el Estado de Bienestar.

Y ante esta situación ¿por donde van las recomendaciones de la UE? Señalan la necesidad de desarrollar políticas y estrategias nacionales de apoyo a las familias y de lucha contra la pobreza infantil, mediante una combinación óptima de prestaciones en efectivo y en especie.

Algunas de las medidas propuestas desde la Comisión Europea se han incluido de forma tímida en el "Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016", pero las actuaciones previstas en este Plan son insuficientes y los 17 millones de euros del Fondo Extraordinario, creado por el Gobierno para luchar contra la pobreza infantil, resultan irrisorios puesto que supone una inversión de apenas dos euros al año por niño identificado en situación de pobreza.

Ante esta situación la propuesta de Unión Progreso y Democracia, recogida en un proposición no de ley que presentamos el pasado junio en el Congreso, es que se establezca una prestación universal por hijo a cargo, ya que está comprobado que son estas medidas las que producen un mayor impacto a la hora de reducir las tasas de pobreza y la intensidad de esta.

e los 28 países de la Unión Europea, sólo hay seis Estados (Grecia, Portugal, Italia, Rumanía, Lituania y España), que no poseen un sistema universal de prestaciones por hijo a cargo, y son precisamente los que mayores tasas de pobreza infantil presentan. En concreto España es el tercer país (de todos los de la UE y la OCDE, es decir de los 41 países más ricos) con más menores de edad en riesgo de exclusión social.

El importe de estas prestaciones y su duración varía en los distintos países europeos. En Finlandia, por ejemplo, es de 140 euros/mes. ¿Y qué coste supondría esta medida en España?, Según UNICEF si esta prestación se fijase en 100 euros por hijo al mes, supondría unos 9.000 millones de euros al año. Por contextualizar, un estudio de la Universidad de Las Palmas cifra el coste social de la corrupción en España en 40.000 millones de euros.

España tiene un déficit histórico en la inversión en familia e infancia, que es perentorio remediar, porque sin duda las políticas de apoyo a la familia y la infancia están en el epicentro de la salida de la crisis. Así es que tenemos que parar el saqueo que ha supuesto la corrupción en nuestro país, y apostar por la inversión en la familia y la infancia. Y esto no es otra cosa que una cuestión de voluntad política.

Cristina Chamorro.

Concejala de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid.