En un comunicado han explicado que la seguridad interior le correspondía a las empresas contratadas al efecto, "que contravinieron las normas más elementales y esenciales para este tipo de eventos". "En cuanto a la seguridad exterior, ésta por Ley es competencia de la Delegación del Gobierno, sin perjuicio de que en su mantenimiento colaboren las policías locales o municipales. Véase, entre otras, la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre eventos con afluencia masiva de personas", añaden.
La asociación tampoco entiende que se pretenda asignar exclusivamente a la Policía Municipal la competencia en lo que determina la Ley conocida popularmente como antibotellón, "ya que, como ley que es, obliga a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos, por lo que nos cuesta asumir que se responsabilice a la Policía Municipal".
Critican que el juez impute personalmente al jefe de Policía Municipal, en función de su cargo, "cuando éste desconocía la cantidad de despropósitos e ilegalidades cometidas por los organizadores de la fiesta". Esta asociación considera que la responsabilidad la tienen los organizadores del acto, "que vendieron un número de entradas considerablemente superior a las permitidas y que, además, permitieron, con pleno conocimiento de lo que suponía, un mayor sobreaforo al posibilitar el acceso al evento a un gran número de jóvenes sin entrada y que consintieron que hubiera salidas de emergencia cerradas o clausuradas y que, en su afán lucrativo, no ejercitaron las mínimas medidas de seguridad y de control en el interior del recinto".
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