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Alberto Ruiz Gallardón ministro de Justicia
Alberto Ruiz Gallardón ministro de Justicia

Gallardón propone reducir a 22 el número aforados en España

Por MDO/E.P.
viernes 29 de agosto de 2014, 11:46h
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que la propuesta que lleva el Ministerio en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial será para pasar de 17.621 a 22 aforados en España.

En su opinión, los aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan "los titulares de los poderes del Estado": el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, "y esto suma 22 personas", ha dicho.

Eso sí, ha lamentado que esta propuesta no se pueda realizar a través de la ley orgánica porque alguno de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, "que no pueden ser modificados por una ley orgánica", ha subrayado en una entrevista en 'El País'. "Si esta ley establece este propósito, corresponderá ya a los partidos, mediante el pacto de regeneración que debe abordarse, reformar los Estatutos de autonomía y, en su momento, en el día y en el caso de que se reforme la Constitución, establecer una limitación drástica de estos aforamientos", ha explicado.

En este sentido, ha recalcado que se trata de una intención "de carácter político" porque la ley orgánica a lo único que podría afectar es a los órganos del Estado que no están recogidos expresamente en la Constitución, a los jueces y a los fiscales.

A su juicio, el aforamiento "no tiene por qué constituir un privilegio", porque, según ha señalado, puede ser una merma de un derecho fundamental, "que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria". Eso sí, ha admitido que por mucho que los juristas expliquen que el aforamiento no es un privilegio, la sociedad española sí que lo percibe así y eso exige "una respuesta por parte del legislador".

Por otra parte, Alberto Ruiz-Gallardón ha mostrado su desacuerdo con hacer caer la responsabilidad penal sobre un partido por financiación ilegal, ni apoya su exclusión en una elecciones, pues sostiene que es la persona la que ha de responder judicialmente.

Según sus planes, la responsabilidad penal recaerá en la persona responsable de las finanzas de la formación política y también en los directivos el partido si se hubiese realizado este acto con su conocimiento o consentimiento, pues "no hay que privar a los ciudadanos de ese cauce constitucional de participación política" que supone un partido político.

Asimismo ha subrayado que la medida más oportuna para no conceder indultos a políticos que se hayan enriquecido es que se establezca un "criterio político y de control". En todo caso, asegura que su Gobierno "es el que menos indultos ha dado en democracia y el que más ha rechazado".

Ruiz-Gallardón se muestra convencido de que, más tarde o más temprano,"los fiscales acabarán llevando la investigación en España" en lugar de los jueces de instrucción, pero a su juicio primero se ha de "convencer a la sociedad" de que el hecho de que la instrucción pase a manos de los fiscales, no significa que vaya a estar "dirigida o condicionada" por la voluntad política del Gobierno de la nación.

"Discursos falaces"

En relación al número de aforados, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este viernes que "hay que dejar los discursos falaces y cínicos que confunden a la opinión pública". Así, González ha remarcado que "el aforamiento no significa impunidad", dado que a su juicio "algunos parecen que quieren presentar esta situación". "El mayor número de aforados que hay en nuestro país no tienen nada que ver con los políticos, sino son los jueces, los fiscales... Las personas del mundo judicial y tiene su razón de ser", ha precisado.

Por ello, ha subrayado que se pueden discutir cuántos aforados tiene que haber y hasta dónde tiene que llegar el aforamiento, pero ha insistido en que no se puede "confundir a la opinión pública con que un aforado es una persona impune porque eso es falso". "Y la prueba es que hay aforados que han sido objeto de procesos judiciales que han terminado con condenas cuando han cometido acciones ilícitas. Eso es lo que realmente es importante", ha reseñado.

En su opinión, "lo que hay que cambiar es el procedimiento judicial". "No podemos seguir teniendo unos procedimientos que tarden años y años en resolverse con el gran escándalo que eso genera en la opinión pública cuando hay casos supuestos presuntamente flagrantes de delitos y que no se resuelven", ha dicho.

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