En el escrito presentado ante el juzgado de instrucción 51 de Madrid, la Fiscalía mantiene la imputación al promotor de la fiesta de Halloween del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores; al director general de DivierTT, Santiago Rojo; el jefe de personal de DivierTT, Miguel Ángel Morcillo; o el director del Departamento de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor Martín.
También pide mantener la imputación del técnico de operaciones de Madridec y jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos; el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares; el socio de Kontrol 34, Emilio Belliard y los médicos Simón y Carlos Viñals.
Se les imputan cinco delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del Código Penal y de nueve delitos de lesiones del artículo 152.1.1 del Código Penal, todos ellos en concurso ideal de conformidad con el artículo 77 del Código Penal. A Miguel Ángel Flores se le señala como administrador real de las empresas que organizaron la fiesta y, por tanto, responsable de la negociación del contrato con Rafael Pastor y Francisco del Amo. El acuerdo perfilaría el contrato de cesión del espacio, la fecha de celebración, las instalaciones necesarias, el precio del alquiler, el coste de los servicios -entre ellos, la seguridad- y el aforo. Se le achaca que, después de anunciar un evento para alrededor de 7.000 personas, vendió 22.835 entradas a través de distintos cauces para la fiesta de Madrid Arena, a pesar de que el aforo máximo permitido del Madrid Arena es de 10.620 personas.
En materia de seguridad, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, indicó que, a día de hoy, nadie sabe quién era el encargado de la seguridad del evento. En este sentido, se elaboró el plan de vigilancia (por parte de Iván Somontes, de Seguriber) y la operativa de seguridad (realizada por el departamento de operaciones, la seguridad de Madridec, Seguriber y Diviertt). No se produjeron las reuniones pertinentes de seguridad entre las partes encargadas de la misma, lo que originó el descontrol entre Seguriber, Kontrol 34 y Policía Municipal. El control de accesos se realizó mediante dos requisas, a cargo de Seguriber y de Kontrol 34, que verificaba la autenticidad de las entradas y las guardaban en urnas. A partir de las 02.00 horas, se produjo un descontrol en los accesos y se permitió paso libre a los asistentes sin supervisión de entradas. A juicio de la Fiscalía, Francisco del Amo, Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo, previo acuerdo con Flores, permitieron, de este modo, una serie de acciones con las que incrementaron el riesgo generado por la venta excesiva de entradas. De hecho, el texto de la Fiscalía incide en que Del Amo requirió a los vigilantes de Seguriber que hiciesen una requisa más liviana cuando se disponía a actuar Steve Aoki. Asimismo, dio orden de abrir el portón de cota 0 para agilizar el acceso, a pesar de que está concebida como vía de evacuación. Del mismo modo, media hora después, se permitió el acceso por otras vías de evacuación. Por contra, varios de los vomitorios de la cota 0 se mantuvieron cerrados, algunos desde el principio del evento, por orden de Flores y responsables de Kontrol 34, siendo tolerada esta actitud por los coordinadores de Seguriber, Paris Nalda y Raúl Monterde, así como por Francisco del Amo, Rafael Pastor y José Ruiz Ayusi, jefe de emergencias del evento.
La Fiscalía considera que, en el momento de la avalancha, solo estaban en su puesto los controladores de una de las escaleras del vomitorio donde se produjo la tragedia. Cuando los controladores de acceso de Kontrol 34 realizaron el rescate de personas, lo hicieron de manera descoordinada. El vigilante de seguridad Roberto Mateos también se encuentra imputado al considerarse que no cumplió con sus funciones a través del sistema de cámaras de vigilancia del complejo, ya que dejó vacío el puesto durante el período en el que se produjo el suceso.
Por su parte, a los Viñals se les imputa como coautores de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional del artículo 142.1 y 3 del Código Penal en concurso ideal de conformidad con el artículo 77 del Código Penal. En su caso, la Fiscalía considera que no fueron capaces de reconocer que, al menos, Rocío Oña y Cristina Arce estaban en situación de parada cardiorrespiratoria cuando las llevaron a la enfermería y diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas. A pesar de ello, les realizaron compresiones torácicas "con evidente falta de destreza, interrupciones continuas y dando ventilación con un ambú". Tampoco utilizaron desfibrilador, no obtuvieron acceso a vías vasculares, no administraron fármacos vasoactivos, ni colocaron una cánula orofaríngea de Guedell para procurar aporte de oxígeno y sacarlas de la fibrilación ventricular. Tampoco consta que llamasen a los servicios de emergencia, ni que diesen instrucciones de asistencia sobre la atención a Katia Esteban, hasta el punto de que tuvieron que hacerse cargo de todo los sanitarios del Samur. Por último, no cumplimentaron el informe de asistencia sanitaria prestada.
Además, señala al Ayuntamiento como a las empresas Madridec, Diviertt, FSM Group Management SL, Seguriber y Kontrol 34 como responsables civiles subsidiarios y afirma que las compañías de seguros Zurich, AIG, Mapfre y Hiscox responderán directamente ex artículo 117 del Código Penal.
Además, pide el sobreseimiento provisional de la imputación del administrador de DivierTT, José María Flores; el coordinador Jefe del Departamento de Seguridad de Madridec, José Luis Rodríguez Caamaño; el director gerente de Madridec, Jorge Rodrigo Domínguez; el consejero delegado de Madridec, José Ángel Rivero Menéndez; el inspector y coordinador de servicios de Seguriber, Iván Somontes; el vigilante de Seguridad de Seguriber, Segundo Eladio Pupuche; el delegado del Área de Seguridad, Antonio de Guindos; la concejala delegada de Seguridad, Fátima Núñez; el director general de Emergencias y Protección Civil, Alfonso del Álamo y el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo.
A consultas de Madridiario, Moix explicó que la Fiscalía considera que el Ayuntamiento, en la persona de sus responsables políticos no realizó ningún acto que ofrezca indicios de responsabilidad penal, aunque se valorará la responsabilidad civil subsidiaria de la administración, como propietaria de Madridec. Asimismo, la Fiscalía descarta imputar a Monteagudo al considerarse que la Policía no era responsable de la seguridad en el lugar del suceso y que respondió con un dispositivo acorde al aforo planteado por Miguel Ángel Flores. Moix recordó que todavía se investiga si se cambió el grado de riesgo del evento y que, en todo caso, en este sentido, el responsable policial mantiene una pieza separada abierta para esclarecer la actuación del Cuerpo.
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