El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el texto definitivo del acuerdo marco sobre la Cañada Real Galiana, un plan que buscará consolidar el mayor número posible de viviendas de la zona. Rivas, que ha criticado el plan porque "no soluciona el grave problema social", ha anunciado que no firmará el acuerdo. El Gobierno regional ha asegurado que saldrá adelante incluso sin el apoyo de este municipio.
Con un año de retraso, respecto a los planes iniciales, este jueves el Consejo de Gobierno ha aprobado el plan definitivo para la Cañada Real Galiana, después de que se desafectara el terreno, que era dominio público. El acuerdo marco da una solución urbanística al problema de la Cañada y busca consolidar el mayor número posible de viviendas y la "normalización urbanística y social" de la zona. Fuera quedan El Gallinero, que no es Cañada Real, y el sector VI, el más conflictivo y cercano a Valdemingómez, que será objeto de otras actuaciones, según indica el documento final.
En materia social, el plan se refiere al "apoyo y fortalecimiento en la red de recursos existentes". La falta de un presupuesto específico para la Cañada Real y la apuesta por consolidar este asentamiento han sido precisamente los elementos de discordia en la negociación del plan con Rivas-Vaciamadrid, que se opone a "consolidar guetos o barrios exclusivamente de inmigrantes". Rivas ha confirmado la tarde de este jueves que no firmará el acuerdo al considerar que no se garantiza que se vaya a atender a toda la población. "No plantea una solución global a la Cañada", ha dicho el edil de Urbanismo del municipio, Fausto Fernández. Entre las propuestas enviadas por Rivas en septiembre a la Consejería de Asuntos Sociales, autora del plan, se incluía que el consorcio se responsabilizaría de los residentes que no pudiesen optar a sus viviendas. "La entidad u órgano que proceda procurará un mecanismo de realojo a aquellos residentes censados en su día por la Ayuntamientos, que cumplan los requisitos, pero cuya vivienda no reúna condiciones de habitabilidad", se lee en el texto definitivo. La Comunidad, por su parte, ha asegurado que Rivas no planteó alegaciones.
En la parte de la Cañada situada en el municipio de Rivas están censada 1.132 personas, de las que 700 están en situación de exclusión social. "Aunque legalicen sus viviendas, no la podrán comprar. Y en el documento no se dice qué va a pasar con toda esta gente", han asegurado desde el Ayuntamiento. "Parece que ha optado por una operación cosmética que no va a cerrar la 'herida abierta' por el mayor asentamiento ilegal y el más grave problema de exclusión social que sufre la región de Madrid", ha indicado Fausto Fernández, edil de Urbanismo.
No obstante, el Gobierno regional seguirá adelante con su plan. "Si no acuden, no se va a paralizar el proceso de la Cañada", ha asegurado su portavoz, Salvador Victoria, quien no ha aclarado si se aplicará el acuerdo en este municipio, en el caso de quedarse fuera. El plan para la Cañada también contempla un protocolo de seguridad, que ya se está aplicando con el fin de erradicar la delincuencia y el tráfico de drogas. El documento final contempla pocas variaciones, entre la que se encuentra que no será un concierto la entidad que se cree para desarrollar el acuerdo marco, debido a las limitaciones fijadas por las normas de estabilidad presupuestaria.
Con este acuerdo, la Cañada quedará legalizada y mejorará algunos aspectos de la vida de sus 7.725 vecinos. Según Salvador Victoria, el acuerdo "permitirá una adecuada urbanización de la zona" y "el acceso a la propiedad del suelo" de sus actuales ocupantes, que tendrán que pagar por él. Eso sí, el problema del mayor asentamiento alegal de la Comunidad "no se va a solucionar en un año", ha dicho Victoria. Los precios los fijará la entidad que se creará para gestionar el plan y el dinero recaudado revertirá en la Cañada. "Ya hay personas que van a colegios cercanos y tienen luz y agua. Y lo que piden es pagar sus impuestos y tener un reconocimiento urbanístico", ha asegurado el portavoz del Gobierno regional, que siempre ha abogado por el mantenimiento del mayor número de residentes posibles.
Algunas de las asociaciones de vecinos de la Cañada Real se han mostrado satisfechas por el informe del acuerdo marco aprobado y han marcado como prioridad saber quién se quedará en la zona y a que preció comprarán el terreno donde están asentadas sus casas.
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