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Proteta de vecinos de Rascafria contra el Canal y su alcaldesa por la subida del precio de agua
Proteta de vecinos de Rascafria contra el Canal y su alcaldesa por la subida del precio de agua

Rascafría sufre su particular 'guerra del agua'

Por Enrique Villalba
jueves 09 de enero de 2014, 07:30h
El equipo de Gobierno de Rascafría-Oteruelo y una plataforma vecinal mantienen un fuerte enfrentamiento a raíz del convenio de gestión de aguas firmado por el Ayuntamiento con el Canal de Isabel II, que ha supuesto una multiplicación del precio de la factura de los habitantes con respecto a la cuota fija que antes pagaban.

Hasta el 6 de junio de 2012, todo el ciclo del agua de Rascafría lo gestionaba el Ayuntamiento. Los vecinos pagaban una cuota anual fija de 45 euros, más complementos en caso de tener jardines, huertos o piscinas. El sistema daba pie a abusos, a malos usos y a fugas que no se reparaban. El problema era una demanda histórica en el municipio. Los vecinos de Rascafría-Oteruelo gastaban 1.000 litros de agua diarios por habitante, cinco veces más que la media nacional, según las mediciones del Consistorio.

En el mes de marzo de 2012, el Ayuntamiento realizó una consulta popular mediante buzoneo para preguntar a los vecinos qué solución tomar para resolver el problema. Las tres opciones eran: que el Canal de Isabel II se encargase de la gestión de todo el ciclo del agua, que el Canal gestionase parte del proceso y que el Consistorio se encargase del resto o que gestionasen todo el proceso empresas privadas.

La diferencia entre el Canal y otras entidades versaba en que el primero se haría cargo de la instalación de contadores; de la renovación de dos tercios de la red de alcantarillado por tuberías de hierro de fundición (una inversión que ronda los 8 millones de euros) y del mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, gracias a que el municipio se acogía a las ventajas del Patronato de Alta Montaña, extinto en 2010; consideraría resueltas las deudas anteriores contraídas por el Ejecutivo municipal (principalmente, la depuración de aguas); y, además, pagaría la aducción de las aguas al Ayuntamiento, que cobra un 30 por ciento menos a los vecinos que las tarifas del Canal. El 72,83 por ciento de los votantes eligieron la segunda opción. De tal modo que el Consistorio cerró el acuerdo con esta entidad por 50 años, con los votos del PSOE y CIR, dos partidos políticos que se oponen a la gestión mixta del Canal.

El problema empezó cuando llegaron las primeras facturas. De repente, los vecinos y comercios tenían que pagar cuotas astronómicas, derivadas de la costumbre de un gasto indiscriminado de agua. Rápidamente, se creó una plataforma, a la que se unieron 1.300 personas de las 1.800 que tiene el pueblo, en contra del acuerdo con el Canal. Un portavoz de la plataforma explicó a Madridiario que "no se trata de un planteamiento económico. Que cada uno pague lo que gasta, pero queremos que lo que paguemos revierta al municipio y que el agua la gestione el pueblo, porque es un bien público que debe estar en manos del Ayuntamiento". Los vecinos sostienen que no hay informes económicos que sustenten la cesión de la gestión de aguas, que el propio Canal ya les ha confesado que su actuación en Rascafría es ruinosa para sus arcas y que se está regalando este bien a una empresa con ánimo de lucro, "que será quien fije las tarifas e impondrá progresivamente subidas abusivas de los precios del servicio del agua para asegurar sus beneficios e intereses". Además, consideran que les imponen pagar alquiler por los servicios.

Cláusula de rescisión
Critican, además, que el municipio está limitado económicamente porque no se pueden instalar determinadas industrias y son garantes del agua de la Comunidad de Madrid, que se ha firmado un convenio sin cláusula de rescisión y tras hacer una consulta popular confusa, que deben pagar nuevos gastos derivados del uso del agua por parte del Ayuntamiento y que se pierden oportunidades para crear puestos de trabajo en el pueblo. Por todo ello, piden que se rescinda el contrato.

Una portavoz del Canal de Isabel II apostilló a este periódico digital que la compañía no tiene intereses de lucro sobre el municipio, que aplica las mismas tarifas que en el resto de la región y que, incluso, pagan menos porque no han de responder a determinadas cláusulas, dentro de un contrato idéntico al del resto de municipios que han firmado acuerdos con el Canal. Asimismo, argumentó que se ha regularizado el pago de la depuración de aguas por parte del municipio.

Por su parte, la alcaldesa de Rascafría-Oteruelo, Ana María García, concretó a Madridiario que se ha obtenido un buen acuerdo que evita que los vecinos tengan que pagar por infraestructuras que, de otro modo, tendrían que haber sufragado. "No se pierde la gestión, sino que ahora se controla el consumo y algunos conceptos del ciclo del agua los factura el Canal. No se vende el agua, sino que se ha modificado la forma de prestación de servicio". De la misma forma, también hace a cada vecino responsable de sus gastos de agua. Sobre la cláusula de rescisión, adujo que este convenio cumple con los acuerdos del Pamam, que no incluían un apartado de esa naturaleza. Y aseguró: "La rescisión llevaría aparejado el pago de los servicios y de una compensación al Canal, y viceversa", dato que confirma la compañía de aguas. Aseguró que la consulta popular era totalmente clara y negó que se creen nuevos gastos para el municipio porque este ya corría con los costes de mantenimiento y explotación de la red hidráulica. "De hecho, se saldan deudas que, de no resolverse, iban a comprometer los presupuestos ordinarios de varios años".

Documentación relacionada:
Ayuntamiento de Rascafría
Plataforma vecinal
Convenio

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