"En estos momentos no se están cumpliendo los servicios mínimos (...) los madrileños no se merecen estar retenidos como rehenes". Con esta justificación la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dicho que si en 48 horas no se ha puesto fin al conflicto entre la empresa y los trabajadores el Ayuntamiento asumirá el control directo de la limpieza viaria a través de la empresa pública estatal Tragsa para garantizarlos.
En una rueda de prensa convocada de forma urgente en el Palacio de Cibeles, Botella ha indicado que la empresa pública Tragsa, especializada en servicios e ingeniería mediombiental y perteneciente a la SEPI en un 51 por ciento,
asumirá el control de la limpieza en la ciudad garantizando los
servicios mínimos mientras duren los paros. Esta medida, excepcional y de emergencia, se adoptará si en 48 horas las empresas y los trabajadores no han llegado a un acuerdo. Los sindicatos
CCOO y UGT ya barajan presentar una demanda por vulneración al derecho de huelga si finalmente se cumple este anuncio.
Según Botella, la situación "no supondrá un euro de coste a los madrileños", puesto que la factura la pagarán las empresas concesionarias -Sacyr-Valoriza, OHL-Ascan y FCC-, que también verán recortada la parte proporcional por las prestaciones no ejecutadas en noviembre. Se da la circunstancia de que la empresa pública
Tragsa se encuentra
afectada por un ERE que les fue comunicado a los trabajadores el 16 de
septiembre y que iba a suponer el despido de 1.639 de ellos (836 de
Tragsa y 803 de su filial Tragsatec). Hace 24 horas la dirección anunció
a los sindicatos una reducción el número de despidos, que ha provocado
la desconvocatoria de huelga prevista para este miércoles, aunque se mantienen las protestas en los centros de trabajo. El portavoz de CSIF en el comité de empresa de Tragsa,
Rafael Fernando, ha pedido a la alcaldesa de la capital, Ana Botella, a decretar la alerta sanitaria antes de pedir a su compañía que limpie las calles de Madrid.
La alcaldesa, que
no supo precisar en qué medida no se están cumpliendo los mínimos, ha asegurado que en dos días pondrá este hecho en conocimiento de la Fiscalía para que tome "las medidas oportunas". Botella, que "no contempla" una modificación en los contratos de limpieza, considera que
se ha alcanzado el plazo "razonable" para emprender este tipo de acciones. "Hay que dar un tiempo a la negociación y suponer que se va a cumplir la ley", ha declarado. La primera edil madrileña, que no cree que en estos momentos exista un problema de salud pública, ha vuelto a calificar la huelga de "salvaje" y
ha acusado a los piquetes de estar "vandalizando la ciudad" y confundir a la ciudadanía haciendo creer que la huelga es de basura, cuando es de limpieza viaria. Los sindicatos se han apresurado a tachar de "barbaridad" estas manifestaciones.
Los grupos de la oposición también criticaron el anuncio de la alcaldesa.
Jaime Lissavetzky, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, dijo que la alcaldesa debería abandonar su cargo por su "incapacidad" para gestionar esta crisis y se mostró partidario de rescindir el contrato con las empresas adjudicatarias del servicio. Para
Ángel Pérez, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, esta medida supone una "huida hacia adelante" y "defenderse atacando", además de considerar que llevarla a cabo sería un "disparate" y "contraproducente". Por su parte,
David Ortega, portavoz de UPyD en el Consistorio, tildó de "parches" las medidas anunciadas por la alcaldesa este martes.
Lo cierto es que la suciedad de Madrid lleva más de una semana siendo noticia. El tema ha sido objeto de
debate político a nivel nacional e incluso la
prensa extranjera se ha hecho eco de la huelga de barrenderos, hecho que la alcaldesa ha calificado de "lamentable", aunque ha descartado que afecte al turismo y la ha comparado con una huelga vivida en Nueva York hace un par de años.
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