La Complutense y la Politécnica entran en el plan de pago a proveedores

El Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado este jueves adherirse a la tercera fase del mecanismo de financiación puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda para el pago a proveedores, con la principal novedad de que se ha incluido a las universidades públicas, de tal manera que puedan hacer frente a sus deudas. Según recoge EP, el presidente regional, Ignacio González, ha detallado que la Complutense y la Politécnica van a recibir 78 millones de este plan, al que ha llamado "rescate".

"Es una buenísima noticia para la universidad. Como Administración que somos habíamos pedido que se nos incluyera en el plan para hacer frente a las deudas que hemos ido adquiriendo tras los recortes a los que hemos estado sometidas", indicó una portavoz oficial de la Complutense a este digital. Esta universidad, la mayor de Madrid, tiene una deuda con proveedores de 105 millones y las transferencias que ha recibido de la Comunidad han bajado de los 346 millones de 2009 a los 296,6 de 2012, según datos del organismo. Recibirá 58 millones. "No es un rescate. Es un derecho que teníamos de entrar en este ley que aprobó el Gobierno central".

La Politécnica ha insistido en que se trata de un mecanismo al que se estaban acogiendo otras administraciones, como ayuntamientos, y que no la libera de hacer frente a los pagos pendientes. En concreto, esta universidad utilizará 19 millones de euros del plan para adelantar el pago de las facturas que tenía pendientes.

El Gobierno regional madrileño estima que como máximo podrá incluir 16 millones de euros en la primera fase de este tercer plan, en la que solo se podrán enviar facturas de las deudas con los ayuntamientos, las referidas a conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales (farmacias, residencias, etc...) y, como novedad, las de las universidades. En una segunda fase,pedirá como máximo 346 millones de euros de este plan que pondrá en marcha a partir del 19 de julio el Ministerio de Hacienda. Es menos de lo que solicitó en la primavera de 2012 (1.279 millones) y también de lo que estimaba Cristina Montoro (más de 1.000 millones).