www.madridiario.es

La Comunidad dice estar "segura" de que todo se hizo correctamente

Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad
Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad

Admitida a trámite una querella contra Lamela y Güemes

viernes 21 de junio de 2013, 14:10h
El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de hospitales madrileños.

a querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

En un auto fechado este jueves el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

Tras incoar el pasado 3 de junio las diligencias de investigación, el juez cita en su auto a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre. Las declaraciones en calidad de imputados concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes. El juez indica en el auto que todos ellos deberán ir acompañados de un abogado, ya que declararán como imputados. Tras ello, dictará una nueva providencia para citar a varios testigos, entre ellos el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Azofra.

En la resolución, el juez expone que la querella denuncia supuestas irregularidades del SERMAS en "el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a traves del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones". Añade que los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública".

La Comunidad, "segura"

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha explicado que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de forma y se muestra "segura de que se actuó correctamente" durante la primera 'externalización', pues se desarrolló con "todos los procedimientos legalmente establecidos". Por tanto entienden que esta querella es una "maniobra política del PSM y de su sindicato médico" ya que estos primeros hospitales con gestión externalizada no sólo "cumplen con un umbral de satisfacción muy alto", sino que con un 92 por ciento de ratio superan incluso a la media de hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy alta entre los pacientes. En relación con Lamela, la querella habla de su vinculación con la empresa Assignia Infraestructuras, una empresa que "participa en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados en la etapa en la que Lamela era consejero de Sanidad y que inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja".

De igual modo, señala que Güemes, exconsejero de Sanidad entre 2007 y 2010, está vinculado a Unilabs, "una filial española de la mutliancional suiza del mismo nombre y que anunció el pasado noviembre la compra del 55 por ciento de la UTE, compuesta por Grupo Balaqué y Ribera Salud", la adjudicataria. "La operación se ha efectuado por valor de cinco millones de euros y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz Después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes", agrega el auto.

En la querella se detalla cómo entre 2004 y 2007 se licitan y aborda la construcción de ocho nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, planteándose su construcción entre 2007 y 2011 de los hospitales de Torrejón, Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel. Prosigue explicando que para los hospitales construidos posteriormente, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba, se formalizan contratos de gestión del servicio público que incluyen también los servicios clínicos. El plazo de duración de los contratos es también de treinta años. Estos hospitales son conocidos como hospitales con colaboración público-privada (CPP) en régimen de concesión administrativa. En este modelo de gestión, la empresa privada recibe de la administración pública un canon anual que se paga por adelantado mensualmente, por cada persona de su área de protección, a cambio de atender las necesidades asistenciales de su población.

Averiguaciones

Sexmero recalca en el auto que el objeto de esta investigación está encaminado a "la averiguación de la realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño". Asimismo, a investigar "la denunciada ausencia de control del precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no reclamación de 1.5 millones de euros a Capio en la medida que pueda haber perjudicado a la Hacienda Publica". También se investigará "la denunciada falsedad o no de la facturación intercentros, las irregularidades de algunos de los convenios o concesiones al sector privado y en concreto a sociedades con accionistas opacos, la contratación de exconsejeros de Sanidad por las empresas concesionarias y beneficiarias de la gestión de aquellos y la supuesta negligencia y descontrol en el gasto público en la gestión de los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de estas".

Reacciones

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha afirmado este viernes que la admisión a trámite de la querella de Afem contra la primera fase de externalización sanitaria es un trámite y ha defendido que "la licitación se hizo con arreglo absolutamente a los principios de la ley". Asegura Fernández-Lasquetty que "es una maniobra política más del PSOE y de su sindicato Afem.

Además, el portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid,  Rubén Bejarano, ha instado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a paralizar "de forma urgente el proceso de privatización de los seis hospitales madrileños" a la vista de que el Juzgado Número 4 ha admitido a trámite la querella contra la cúpula que inició la privatización de la sanidad en el año 2003.  Subraya que "la admisión a trámite viene a confirmar, una vez más, que este proceso es un escándalo que supone un cambio en el modelo de la sanidad, que dejará de ser pública, universal y gratuita".

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios