El alcalde de Móstoles, Esteban Parro, solicitó este miércoles a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al ministerio del Interior la demolición y realojo de un poblado ilegal de infraviviendas situado en el cauce del río Guadarrama, donde residen unas 800 personas en peligro de riada.
Parro explicó que en la actualidad en el poblado hay 260 viviendas de baja calidad, construidas a menos de 5 metros de la ribera, por lo que "podríamos padecer una tragedia humana similar a la que sucedió en Biescas". El regidor reclamó la erradicación de este asentamiento ilegal y el realojamiento de las personas afectadas, para lo cual hizo "una llamada de atención y un grito de peligro" hacia la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Ministerio del Interior.

En su opinión, estos organismos deben "solucionar el grave problema social y humano que existe en el cauce del río Guadarrama, donde, en caso de riada, podríamos vernos abocados a una catástrofe humana". Las edificaciones ilegales se encuentran ubicadas en las zonas de servidumbre de uso público, 5 metros de la ribera, o de policía del cauce, 100 metros desde la ribera.
Este asentamiento surgió a principios de los años sesenta del pasado siglo, como ampliación de los casetones de las huertas próximas, en construcciones que inicialmente constituían espacios de descanso y posteriormente se utilizaron como segunda vivienda. No obstante, según el regidor, aquellas construcciones iniciales se consolidaron como viviendas habitadas durante todo el año, a la vez que se iban construyendo infraviviendas en las zonas más próximas al margen del río.

El riesgo para los seres humanos antes posibles crecidas del río se incrementa porque las construcciones son "endebles" y almacenan en su entorno chatarra. Asimismo, figuran censadas 306 personas, aunque la población se estima entre 700 y 800 personas. Dieciocho de las familias son preceptoras de la Renta Mínima de Inserción y 10 familias son atendidas por al Unidad de Trabajo Social.
Las condiciones de las viviendas tampoco son las óptimas, ya que el 57 por ciento de las mismas tienen humedades, y, en la mayoría de los casos, tienen una "evidente" falta de infraestructuras de saneamiento. El poblado también está siendo un foco de inseguridad ciudadana, ya que se han detectado actividades delictivas como homicidios, robos con violencia y tenencia de armas.
En los últimos años, se han producido varias inundaciones, la más grave la de 1989, aunque ha habido otras de importancia como la ocurrida en 1995.