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Se enfrenta a un jurado popular por atropellar y no auxiliar a una sordomuda

Por MDO/E.P.
sábado 22 de septiembre de 2007, 00:00h
Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid juzga a Miguel Ángel C.G., por un delito de omisión del deber de socorro por darse a la fuga tras atropellar a una mujer sordomuda el 12 de julio de 2004 en la Autovía A-5, a la altura del kilómetro 9.

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid juzga a Miguel Ángel C.G., acusado de un delito de omisión del deber de socorro por darse a la fuga tras atropellar a una mujer sordomuda el 12 de julio de 2004 en la Autovía A-5, a la altura del kilómetro 9.

En las conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, el fiscal señala que sobre las 22:45 horas el encausado conducía a una velocidad aproximada de 100k/h por la A-5, con dirección a Badajoz, cuando de forma "sorpresiva" Reyes G.G cruzó la calzada por un lugar en el que no existía semáforo ni paso de peatones.

La mujer, de 47 años, se encontraba en el bar 'Clares', situado en el kilómetro 9 de la carretera de Extremadura, donde "había bebido bastante alcohol", según el fiscal. Tras abandonar el establecimiento, atravesó la vía de forma "negligente", siendo atropellada por el acusado.

Fractura múltiple
A consecuencia del impacto, Reyes G. quedó inconsciente al sufrir un politraumatismo, con fractura del tercio medio del fémur izquierdo, la tibia y el peroné. Tras recibir asistencia sanitaria en el lugar, la mujer fue trasladada al hospital.

Según el Ministerio Público, Miguel Ángel C.G. se percató del impacto contra su vehículo, asegurado por la compañía Pelayo, que resultó dañado en el espejo retrovisor exterior y en la ventanilla lateral izquierda.

Tras el atropello, el procesado "se dio a la fuga abandonándola a su suerte hasta que minutos más tarde recibió asistencia sanitaria". Por ello, el hombre se enfrenta ahora a un año y dos meses de prisión por un delito de omisión del deber de socorro.

La mujer, indemnizada por la aseguradora en la cantidad de 7.000 euros, renunció a toda acción civil y penal derivada de los hechos.

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