El juzgado ratifica el ERE de Collado Villalba

El Consistorio ha explicado que la sentencia, con fecha de 16 de mayo de 2013, señala como origen de ese ERE "la mala situación financiera del Ayuntamiento, caracterizada por la reducción de ingresos ordinarios, un excesivo nivel de gasto y una deficiente gestión y organización de los recursos". Esta situación provocó un déficit presupuestario insostenible y un alto nivel de endeudamiento.

Por ello, el equipo de Gobierno local, para evitar el colapso de las finanzas municipales, adoptó medidas de reducción de gasto en todos los capítulos de presupuesto, incluyendo en los gastos de personal, que se habían duplicado entre 2002 y 2011 hasta alcanzar los 20.906.451 euros.

La sentencia, que ratifica el despido de 34 trabajadores municipales, indica que "las Administraciones podrán adoptar medidas de redimensionamiento de plantillas, medidas de extinción de contratos de trabajo, que unidas a otras de distinto orden representan un mecanismo que puede llegar a ser necesario si se trata de asegurar la viabilidad de un organismo o Administración pública".

Además, el fallo destaca que se han cumplido los requisitos de forma en la presentación del ERE en todos los procesos: iniciación, documentación, consultas, instrucción, audiencia, inexistencia de acuerdo e indemnización.

El ERE, presentado el 9 de diciembre y aprobado en sesión plenaria del 27 de enero de 2012, extinguió los contratos de 39 trabajadores municipales, entre fijos e interinos, de los más de 500 del Ayuntamiento.

Los trabajadores, decepcionados
Por su parte, los trabajadores afectados han asegurado que este fallo es una "decepción es muy grande". Ángeles Barbero, una de las trabajadoras despedidas, ha explicado que no entienden porque se alude constantemente a los problemas económicos y, sin embargo, "no se tiene en cuenta que el Ayuntamiento regala terreno, no se bajan los sueldos y contrata cargos de confianza".

Barbero considera que se vulnera el artículo 24 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que están dispuestos a presentar un recurso de amparo ante el Constitucional o incluso ante los Tribunales de Justicia de la Unión Europea. También han decidido denunciar su indefensión ante el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo.