El nuevo Canal se enfrenta a varias demandas colectivas por cuestiones laborales

El Canal de Isabel II Gestión se enfrenta a varias demandas colectivas interpuestas por el comité de empresa, algunas provocadas por normas estatales, como la reinvindicación de la paga extra de Navidad o la supresión de una poliza sanitaria, y otras al cambio de convenio que se realizó de forma unilateral, según asegura María Luisa Conde, secretaria de CSIT-UP en la empresa. "Tenemos judicializadas las relaciones laborales", resume Andrés Muñoz, representante de UGT.

Los sindicatos consideran que se está incumpliendo el convenio colectivo en vigor y que el cambio a otro se realizó sin consultarles, como marca el Estatuto de los Trabajadores, cuestiones por las que han presentado dos demandas. El traspaso de los 2.423 trabajadores del Canal de Isabel II a la nueva empresa creada para privatización parcial se realizó el 1 de julio de 2012. Seis meses más tarde, el 1 de enero de 2013, las condiciones laborales pasaron de estar reguladas por el convenio de empresa al convenio del sector de aguas, de ámbito nacional. Según Conde, el convenio acababa en 2012, pero este debía ser prorrogado o bien negociar otro diferente, algo que no sucedió, sino que simplemente se adoptó el último convenio nacional.

El comité de empresa también ha denunciado un cambio en la estructura de las nóminas de los trabajadores, con una bajada del sueldo base; y la supresión de la paga extra de Navidad. Todos los juicios se tendrán lugar en la Audiencia Nacional durante este mes de junio, excepto el que atañe a las polizas de seguros, que ya se ha celebrado y ha ganado el Canal. El comité de empresa ha anunciado que recurrirá esta decisión judicial. Fuentes oficiales del Canal de Isabel II se limitaron a asegurar que será la justicia la que decida sobre estas reclamaciones.

El Canal de Isabel II creó una nueva sociedad Canal de Isabel II Gestión S.A. para en el futuro, cuando las condiciones de mercado sean mejores, privatizar el 49 por ciento de la empresa, que hasta ahora era pública. En la actualidad, dos tercios de los ayuntamientos de la región y la Comunidad son accionistas de la nueva sociedad.