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Activistas de Greenpeace se encaraman al tejado del Congreso

jueves 09 de mayo de 2013, 00:00h
La protestas realizada a primera hora de este jueves por miembros de Greenpeace en el Congreso de los Diputados se ha saldado con el arresto por parte de la Policía Nacional de los ocho activistas de la organización que han participado en la acción, han confirmado fuentes policiales.
Tras una rápida intervención, los agentes lograron neutralizar a todos los activistas, a los que retuvieron en la plaza de las Cortes y les pidieron la documentación. Posteriormente, fueron detenidos y han sido trasladado a las dependencias policiales de Moratalaz, según las mismas fuentes consultadas. A media tarde, Greenpeace anunciaba que estaban siendo trasladados a la Audiencia Nacional, lo que implica un posible delito contra una alta institución del Estado.

Los activistas de Greenpeace, que iban vestidos con monos naranjas, se habían encaramado esta mañana al tejado del Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Costas y llegaron a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas', pero fueron desalojados rápidamente por la Policía.

Minutos antes de que esto sucediese, cinco de estos activistas habían intentado acceder al perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras que se están realizando en la zona. Pretendían acceder a la puerta principal del edificio, habitualmente cerrada, para lo que llegaron a subirse a las vallas que actualmente rodean el perímetro.

Los agentes reaccionaron con velocidad para bajarlos de la valla, pero al menos dos de ellos consiguieron burlar la acción de la Policía y llegaron a subirse a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que hay en torno al mismo por las citadas obras.

Los agentes permitieron que uno de ellos escalara hasta el tejado para evitar males mayores, ya que si le hubieran perseguido en el momento de la ascensión tanto los policías como el ecologista hubieran corrido un importante riesgo. Tras mostrar la pancarta 'El PP vende nuestras costas', uno de ellos llegó a descolgarse con una cuerda por la fachada del edificio durante unos segundos.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha admitido que ha sido un "fallo de seguridad", por lo que espera que se investigue lo ocurrido, pero en todo caso se ha afanado en diferenciar este tipo de acciones "pacíficas" de otras que incluyen "insultos y ataques a los diputados y al sistema democrático" y que "acaban en violencia", en alusión a los 'asedios' al Parlamento de septiembre y abril. Por su parte, la Confederación Española de la Policía (CEP) considera las palabras de Posada poco acertadas y defiende la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) como "un ejemplo de reflejos"

Se rebaja la protección ambiental
A juicio de Greenpeace, durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización. Es más, sostiene que la desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma.

En su opinión, ésta podría favorecer intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe 'Amnistía a la Destrucción' y que ocasionó una demanda por parte de María Dolores de Cospedal.

La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley, que una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas; la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas, y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.

"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no sólo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria", según ha sentenciado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha referido al incidente pero sólo para aseverar que las leyes se discuten en el Parlamento. "Yo las leyes las discuto en el Parlamento", ha aseverado.

Acusación policial 
La Policía atribuye un delito contra las altas instituciones del Estado a los ochos activistas de Greenpeace. Según recoge el Código Penal en su artículo 493 esta acción podría llegar a ser castigada con hasta cinco años de cárcel: "los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años".

Los delitos contra las altas instituciones del Estado son competencia de la Audiencia Nacional, pero en el pasado este tribunal se ha mostrado reacio a asumir investigaciones por la comisión de este presunto delito a raíz de concentraciones llamando a rodear el Congreso de los Diputados.

En esta ocasión, según ha anunciado Greenpeace, los detenidos estaban siendo trasladados a media tarde a la Audiencia Nacional, hecho que han criticado y han recordado que se ha tratado de un acto pacífico, como ha destacado también el propio presidente del Congreso. "Una pancarta en la fachada del Congreso no es delito, lo que es delito es el daño al medio ambiente que supone la nueva Ley de Costas aprobada hoy", ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.
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