El Juzgado de Instrucción número 38 ha ordenado este viernes el desalojo de los representantes sindicales encuentran encerrados desde el pasado martes en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid con el fin de negociar la regulación de la lista de interinos.
El juez ha tomado esta decisión en un auto ante la solicitud de los representantes de la Comunidad de Madrid, que es la "titular del uso y gestión del inmueble" donde
permanecían encerradas estas personas, en la calle Santa Hortensia, número 30, destinado al servicio público. Una vez visto el informe "favorable" del Ministerio Fiscal " se acordó el
desalojo del mismo" a cuyo fin se ordenaba a la Policía la práctica de las diligencias necesarias para llevarlo a cabo.
Tras recibir la comunicación policial, CC.OO. y UGT han decidido finalizar "de forma voluntaria" su encierro. "Un policía nacional nos ha hecho llegar el auto del juez en el que se nos instaba al desalojo. Nos ha dicho que, o bien nos íbamos de forma voluntaria, o bien nos desalojaban por la fuerza. No vamos a poner resistencia a un auto judicial, así que hemos decidido irnos voluntariamente", ha señalado el secretario de Enseñanza Pública no Universitaria de CC.OO. en Madrid, Héctor Adsuar.
La coordinadora de interinos de FETE-UGT Madrid,
Emilia Sánchez, además ha explicado que otra de las razones por las que han tomado la decisión de desalojar el edificio ha sido la asamblea que en la tarde de este viernes tienen prevista celebrar, a las 18 horas, para tratar el cambio en las
listas de interinos. "No vamos a parar de
movilizarnos, este es solo el comienzo de la movilización". "La lucha no ha terminado", ha agregado Sánchez, quien ha explicado que las cuatro personas que permanecían encerradas tienen pensado permanecer en la puerta del edificio, junto a las personas que se encontraban fuera, para "visualizar un poco más la protesta".
Posible delito de usurpación
Según el juez de guardia, los argumentos para el desalojo se centran en que se desprende "indiciariamente" la posible comisión de un delito de
usurpación del artículo 245.2 del Código Penal que reza que "existirá una pena para el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyan morada o se mantuviese en ellos contra la voluntad de su titular".
También se podría estar, según el juez, ante un "eventual
delito o falta de coacciones en el sentido de impedir al legítimo titular del uso y gestión de un inmueble" o ante un delito de "allanamiento de morada en la modalidad de entrar o mantenerse contra la voluntad del titular en el domicilio de una persona jurídica pública". En el mismo sentido, y aunque reconoce que es "pronto" para determinarlo, el juez considera que se podría estar ante un delito o falta de coacciones al efectuarse una conducta ilícita destinada a obligar a otra persona o personas a realizar lo que no quieren". En este caso, se refiere a "negociar o modificar alguna normativa administrativa con la que se discrepa".
En cuanto a la conducta de ocupación, a juicio del juez, "se dan todos los presupuestos o requisitos del tipo de
allanamiento o usurpación" en referencia a la titularidad ajena, ocupación efectiva fuera del horario previsto y fuera de las estancias de uso público que existen en cualquier dependencia pública, voluntad expresa del titular contra la permanencia y requerimiento no cumplido por parte de los ocupantes".
Respecto a este tema, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado que "no es razonable ni admisible" que los sindicatos se hayan encerrado en la Consejería de Educación y considera que "es lógico y normal" que el juez haya decretado este viernes el desalojo de estas personas.
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