El nuevo Plan General permitirá cambiar sin trámites el uso de un edificio

En abril de 2012, Ana Botella, ya apuntó que el  Plan General, cuya revisión había comenzado a estudiarse en diciembre de 2011, iba a intentar conseguir una normativa más flexible “capaz de adaptarse a las nuevas demandas sociales”. Entonces se criticó la complejidad del actual Plan de 1997 compuesto por 730 artículos que causaba una “desmotivación” de la iniciativa privada. "En estos momentos de dificultad no podemos ser prisioneros de corsés burocráticos autoimpuestos, ni limitar con trabas administrativas innecesarias la dinámica de una ciudad y una sociedad emprendedora como es la madrileña", dijo entonces la alcaldesa.

La solución propuesta por los redactores del Plan General ha sido la creación de nuevas calificaciones urbanísticas. Así, además de la calificación de residencial, habrá una de “actividades económicas”, que englobará los usos terciarios e industriales, y una de carácter mixto, que permitirá repartir la edificabilidad a medias entre residencial y actividades económicas.

En un momento en que, a diferencia de los planes generales anteriores, Madrid ya no dispone de suelo para desarrollar nuevas infraestructuras o proyectos residenciales —los PAU previstos ya se consideran en ejecución, aunque en algunos casos no se hayan iniciado todavía, a causa de la sentencia del Tribunal Supremo— lo que se quiere es tener herramientas que permitan conceder licencias urbanísticas de forma casi automática cuando un edificio o un suelo se dediquen a cualquiera de las actividades que tienen que ver con la generación de recursos económicos: hoteles, centros comerciales, equipamientos dotacionales privados, oficinas o industrias.

La idea es que, aunque el Plan General asigne a las zonas urbanas consolidadas una calificación específica, por ejemplo residencial o industrial, ello no impida dedicar un porcentaje limitado de la edificabilidad —dependerá de la zona pero, en general, se está hablando del 30 por ciento— a actividades económicas siempre que estas no tengan un impacto en la zona donde se instalen. En caso de que los usos sean compatibles la concesión de la licencia sería automática y el cambio de uso no supondría ninguna variación en la edificabilidad original prevista.

En opinión de los críticos con esta medida, ello significaría, por ejemplo, que, con esta nueva calificación urbanística, un edificio como el Palacio de la Música podría convertirse en comercio con la única condición de que se respetaran aquellas partes que para entonces figuren en el Catálogo de Elementos Protegidos, cuya revisión también está siendo realizada dentro de la tramitación del nuevo Plan General.

Modificaciones puntuales
Ello sería posible porque el Ayuntamiento, como ocurre en la actualidad, no tendría que modificar el Plan General cada vez que se produjera un cambio de uso. Urbanismo solo intervendría cuando la nueva actividad económica provocara un impacto en la zona. Así, un gran centro comercial en una calle importante de la ciudad que provocara un impacto en la movilidad o en el tránsito peatonal  o una industria que tuviera un impacto medioambiental en una zona residencial requerirían la aprobación de un plan especial.

También el Ayuntamiento tendría que proceder a una modificación del Plan General en el caso de que la demanda de licencias de actividades económicas en una zona fuera superior al porcentaje fijado para este tipo de negocios. En dicho caso, el Ayuntamiento podría convertir una zona residencial en una de carácter mixto donde el residencial ocupará el 50 por ciento de la edificabilidad y las actividades económicas el 50 por ciento restante.

De hecho, el Plan General tiene previsto asignar desde el principio la calificación de carácter mixto a determinados "ejes de actividad económica” y “espacios de centralidad", entre los que estarían importantes vías urbanas como pueden ser el paseo de la Castellana o las calles Antonio López o General Ricardos.

De momento, los responsables municipales, que el pasado 19 de julio dieron luz verde al preavance de Plan General  ya han determinado el calendario a seguir. Tras la aprobación del avance a finales del próximo mes de mayo o principios de junio, el proyecto será sometido a un periodo de información pública y a la consideración de la Comunidad de Madrid que debe emitir informes sobre su impacto ambiental y territorial; a continuación, el Ayuntamiento procederá a su aprobación inicial y someterá el texto urbanístico a un nuevo periodo de información pública.

La idea es que esta parte del proceso concluya en mayo de 2015, a tiempo para que los responsables municipales puedan ir a las elecciones municipales de ese mes con el Plan General aprobado provisionalmente por el pleno municipal. Solo quedará, entonces, remitir el plan a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva y publicación, lo que permitiría su entrada en vigor en 2016.