El Gobierno no sube las pensiones el IPC

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en septiembre que las pensiones subirían en 2013 y se ajustarían a la subida de la vida, por lo que no habría que cambiar la Ley General de Seguridad Social. Calculaba que en el anteproyecto de Presupuestos se incluiría una revalorización de las pensiones de un 1 por ciento, tal y como ya había ocurrido en los Presupuestos de 2012, y matendría la compensación por la desviación del IPC en el mes de noviembre.

Los datos y los analistas ponían en serios aprietos al Gobierno para cumplir con sus expectativas, pues calculaban que la desviación sería del dos por ciento, una cantidad demasiado elevada para asumirla en la actual coyuntura. Y así ocurrió. La presentación de los Presupuestos observó que se revalorizarían las pensiones un uno por ciento (alrededor de 1.500 millones) y se compensaría la desviación del IPC en noviembre. Mientras, se anunciaba el desarrollo de un paquete de propuestas al Pacto de Toledo para reformar las pensiones, equiparando la edad legal de jubilación a la real, mediante modificaciones de la jubilación anticipada y la jubilación parcial.

Poco después, se anunciaba que el Gobierno no compensaría a los pensionistas por la desviación de precios de este año ante la "difícil" situación económica y "la prioridad de seguir avanzando en la reducción del déficit público". El Ejecutivo argumentó que no podía asumir una compensación del 1,9 por ciento, que era la diferencia que mediaba entre la subida aplicada (el uno por ciento antes comentado, salvo en el caso de las menores de 1.000 euros, que se incrementarían un dos por ciento) y el IPC interanual de noviembre, cuyo dato adelantado se situó en el 2,9 por ciento. La decisión se incluyó en el Real Decreto-ley de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

También se aprobó una norma para utilizar 3.063 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para resolver problemas de tesorería del sistema, tal y como ya había hecho en agosto, cuando tomó 4.400 millones también para resolver problemas de tesorería. Varios partidos de la oposición, los dos sindicatos mayoritarios y las asociaciones de jubilados reaccionaron ante la noticia denunciando que el PP incumplía así la última de las promesas electorales que había asegurado respetar y que se corría el riesgo de que el Gobierno empezase a disponer a su antojo del Fondo de Reserva. El resultado de la medida es que en 2013, los jubilados madrileños percibirán 302 euros anuales menos por la medida.