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Pisos públicos a precio de saldo para rebajar la deuda autonómica

Pisos públicos a precio de saldo para rebajar la deuda autonómica

Por MDO/Efe
domingo 01 de julio de 2012, 00:00h
Viviendas públicas a la venta por precios que oscilan entre los 15.000 y los 60.000 euros es la oferta que algunas autonomías hacen a sus inquilinos, con la intención de que se conviertan en propietarios a un módico precio, pero también con las miras puestas en dar liquidez a sus cuentas y reducir la deuda.
Así lo han expresado responsables de vivienda de consejerías y organismo autónomos, que han coincidido en que la crítica situación de las comunidades autónomas obliga a buscar soluciones para reducir la deuda de las promotoras públicas amenazadas por la privatización y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

El caso más reciente es el de la Comunidad de Madrid, donde el IVIMA ha ofertado a los inquilinos más antiguos viviendas públicas, con garaje, que rondan los 55.000 euros. Esta operación que afecta al 40 por ciento del parque del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) -unas 9.155 viviendas- supondría al Ejecutivo de Esperanza Aguirre recaudar 500 millones de euros.

Desde portales inmobiliarios como 'Idealista.com' hay quienes dudan de la buena voluntad de los gobiernos regionales y se preguntan por qué van a dar los bancos hipotecas ventajosas cuando la concesión de créditos a personas que no podían pagarlos fue la causa de la crisis.

Así lo ha expresado en el Foro de 'Idealista.com' uno de los inquilinos "agraciados", Javier Puente, que lleva 10 años de alquilado en La Ventilla en una vivienda del IVIMA, organismo que ahora le ofrece la compra de su casa.

Con el mismo sentido crítico se ha manifestado Javier Burón Cuadrado, abogado, exviceconsejero de Vivienda del País Vasco y gerente de Urbaniza ZH Gestión, quien señala que "vender activos que sirven de base física a la prestación de un servicio público es una estrategia suicida similar a vender un coche para comprar gasolina".

Burón Cuadrado, que también fue abogado del bufete Cuatrecasas, lamenta que en España "los políticos puedan tomar este tipo de decisiones sin consultar a la población e, incluso, sin obtener aprobación parlamentaria", y achaca todo ello "a la baja calidad de nuestra democracia".

Asesoramiento
El exviceconsejero de Vivienda de Euskadi también recomienda a los supuestos beneficiarios que se asesoren bien y que "piensen que si hoy tienen dificultades para llegar a fin de mes como inquilinos sociales, mañana tendrán que hacerse cargo no solo de los créditos por la compra de la casa, sino también de su mantenimiento".

Precisamente en el País Vasco, a finales del año pasado, se puso en marcha el conocido como "Plan 4.000", que preveía sacar al mercado, en cuatro años, 4.000 viviendas de alquiler a través de inversores privados, operación que se consideró clave para el saneamiento financiero.

Aunque varía según la autonomía, el perfil del beneficiario, a grandes rasgos, es el de un inquilino que lleva residiendo en la vivienda entre 5 y 15 años, está al corriente de sus pagos y percibe una renta anual inferior a 20.000 euros.

También encajan en el perfil, según qué territorios, los menores de 35 años y las familias numerosas o con discapacitados a su cargo, pero el hilo conductor de todos ellos es la falta de recursos para pagar la entrada de una vivienda libre.
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