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Admiten una demanda contra la Comunidad por la 'curva de la muerte'

Admiten una demanda contra la Comunidad por la 'curva de la muerte'

Por MDO/E.P.
martes 24 de abril de 2012, 00:00h
Actualizado: 03/05/2012 18:48h
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso presentada contra la Comunidad de Madrid por el mal estado de la curva situada en el punto kilométrico 28 de la M-607, en el término municipal de Colmenar Viejo, han informado fuentes jurídicas.
La reclamación ha sido interpuesta por María Esther Rincón, quien perdió a su hijo en un accidente en este punto kilométrico. La madre denunció el caso de forma paralela a las diligencias realizadas por la Fiscalía de Madrid, archivadas al estimar que no había responsabilidad penal contra el Gobierno regional, según han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Transportes han señalado que en marzo de 2010 se llevaron a cabo obras de mejora en la zona y nueva señalización para reducir el número de accidentes a esta altura. "La Comunidad detectó que había un aumento de siniestralidad y ya en diciembre de 2009 inició los trámites para desarrollar trabajos de mejora", han señalado.

Tras el archivo, Rincón interpuso una demanda de responsabilidad patrimonial contra la Comunidad de Madrid por la vía de lo Contenioso-Administrativo. Tras la admisión a trámite el 11 de noviembre de 2010, la Sección Décima acordó la práctica de una serie de diligencias técnicas encaminadas a conocer el estado de la curva. En enero de 2011, la Fiscalía de Madrid acordó archivar las diligencias incoadas ante un "posible delito contemplado en el Código Penal que tipifica la conducta consistente en originar un grave riego para la circulación no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo".

El fiscal jefe, Eduardo Esteban, aseguró entonces que las diligencias practicadas ponen de manifiesto que los hechos investigados carecen de relevancia penal". Esteban recalcó que las irregularidades se cometieron "en el momento de diseño de la carretera", pero apuntó que no se podía hablar de un delito imputable "a una mala conservación y mantenimiento" de la carretera.
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