No hay acuerdo ni en el censo de la Cañada

La Comunidad ha hecho público este jueves el censo realizado el Instituto de Realojamiento e Integración Social en la Cañada Real Galiana. Según los datos de este organismo en esta antigua vía pecuaria viven entre 9.000 y 11.000 personas. Un 80 por ciento de las mismas están en el término municipal de Madrid (más de 7.000); un 10 por ciento, en Rivas Vaciamadrid (1.536); y otro 10, en Coslada (1.924). Según la Comunidad. en el lugar hay 2.870 construcciones, de las que 2.641 son viviendas; y el resto, naves e industrias.

Sin embargo, estos datos no coinciden con los ofrecidos por dos de los ayuntamientos afectados. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha asegurado que según el censo realizado por el Ayuntamiento, hay 5.004 habitantes. Por su parte, Rivas en un recuento "casa por casa" realizado antes de julio estableció que en su zona viven 1.114 personas en 308 construcciones. Además, este consistorio se queja de que después de haber realizado el informe porque "había que hacerlo", la Comunidad ni siquiera le ha pedido estos datos y haya presentado los suyos. En el caso de Coslada sí coinciden los datos, con una pequeña diferencia de unas 20 personas. La Consejería de Asuntos Sociales matiza que el censo con el que se trabajará es el realizado por los ayuntamientos y que su informe es solo estimativo y ha servido para ver que el asentamiento no es tan grande como se pensaba. Siempre se ha calculado que había unas 40.000 personas, lo que lo hubiese convertido en el mayor de Europa.

Derribos
Los desencuentros entre ayuntamientos y Comunidad en el tema de la Cañada Real Galiana no quedan aquí. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha contestado al consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, quien este miércoles pidió a los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada una moratoria para los derribos en la Cañada Real. La regidora se ha mostrado sorprendida por esta petición y ha recordado que todos los derribos se hacen con una orden judicial y que la única forma de detenerlos "es con una suspensión de esa sentencia dictada por otro juez".

"No existen en nuestro país derribos sin una orden judicial previa -ha insistido Botella-. Y esto seguirá igual. Los derribos seguirán adelante a no ser que legalmente haya una suspensión de esa sentencia". El vicepresidente regional ha matizado este jueves la petición de la Comunidad. Según ha dicho, no se trata de incumplir las órdenes judiciales, sino de ver qué zonas se pueden regularizar. Como ejemplo ha puesto una zona de Rivas, "consolidada, con ciudadanos pagando sus impuestos".

El alcalde de Coslada, Raúl López ha apoyado la iniciativa de Comunidad para propiciar un acuerdo sobre la Cañada Real, pero ha aclarado también que actuará contra las 300 viviendas construidas de forma irregular en su municipio. "El que no pueda demostrar con papeles la propiedad y haya ocupado ilegalmente los terrenos, tendrá que marcharse", aseguró López, quien cifra en "300 viviendas y varias naves industriales" las construcciones irregulares en la Cañada en Coslada.

Ronda de contactos
La Comunidad ha abierto esta semana una ronda de contactos con todas las partes afectadas que estará concluida antes de finales de marzo. Rivas ha mostrado su rechazo a que el Gobierno regional se haya reunido antes con los vecinos que con los ayuntamientos y denuncia que la selección de asociaciones no es la adecuada. En las próximas fechas la Comunidad se reunirá con los consistorios y después a esta mesa se sumará la Delegación del Gobierno. Por último, se convocará una última mesa en la que estarán representadas todas las partes.

El Ayuntamiento de Coslada, por su parte, apoya la decisión de la Comunidad de regularizar todas las zonas que se puedan. De hecho, en este municipio la extensión de la Cañada Real es de unos 800 metros de largo y hay una parte de los vecinos que pagan el IBI. El alcalde apuesta por regularizar la situación.

Botella ha recordado que la autoridad urbanística última en esta cuestión es la Comunidad, que tiene de plazo hasta marzo de 2013 para sentar las bases del acuerdo que legalice las edificaciones en esa antigua vía pecuaria, según establece la Ley 2/2011 que convierte la Cañada en bien patrimonial de la Comunidad.

La alcaldesa de Madrid ha detallado también que un tercio de las personas que viven en su parte de la Cañada son extranjeras y ha expresado su deseo de que la solución final incluya también la zona de El Gallinero. "Me gustaría que se actúe también en el Gallinero -ha señalado Botella-, aunque no esté dentro de la Cañada y aunque sea una zona ilegal".