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El edificio como tal está acabado. Bajo su cubierta existen despachos, salas de espera, de exploración o de disección, cámaras de conservación, archivos y todo lo necesario para ejercer la medicina forense. Solo hace falta equiparlos para empezar a trabajar. El sistema de ventilación y climatización, fundamental en un edificio destinado a custodiar cadáveres, podría funcionar hoy mismo. Las cámaras exteriores de seguridad, el edificio dedicado al control de acceso e incluso las aceras y los árboles que lo rodean se ven nuevos. Pero ni siquiera su atractivo diseño en forma de iglú, obra del reconocido arquitecto Alejandro Zaera-Polo, ha servido para librarlo del desgaste.La Consejería de Presidencia y Justicia, de quien depende el IML, lleva dos años pensando en la forma de llenarlo y darle utilidad, pero no hay manera. "Está aislado, no hay ningún tipo de transporte ni ningún servicio, así que no hemos podido hacer nada con él", confirma un portavoz a Madridiario. Lo único que se ha procurado hasta el momento, recalca la misma fuente, es asegurarse de que no es víctima del vandalismo o el expolio. A ello ayuda su ubicación, al estar integrado en el parque forestal de Valdebebas, que delimitan la M-12 al este, la M-11 al sur, la M-40 en su extremo oeste y la Radial 2 al norte. El único acceso posible al terreno vallado es a través de la rotonda de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
En este entorno, el IML no es lo único que está sufriendo el paso del tiempo. Lo mismo ocurre con las dos galerías de servicio (1,3 kilómetros de extensión entre ambas) construidas en el subsuelo del Campus para dar servicio a los distintos edificios. La entrada a ambas está hoy cerrada para evitar accidentes.
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100 millones invertidosEl inédito Campus de la Justicia, cuya construcción se detuvo oficialmente en septiembre de 2009, ha costado ya a las arcas de la Comunidad de Madrid 100 millones de euros, los que se gastaron en la compra de los terrenos y los proyectos de sus emblemáticos edificios. Esta es la cifra que dio en junio de 2010 el consejero Francisco Granados, que había heredado dos años antes el proyecto de manos de su principal impulsor, Alfredo Prada. Granados se vio obligado a dar explicaciones tras salir a la luz que su antecesor había gastado 1,3 millones de euros solo en el acto de colocación de la primera piedra de cinco de los futuros inmuebles.
El propio Instituto de Medicina Legal también estuvo rodeado de polémica antes de su finalización. Alfredo Prada encargó el proyecto a Alejandro Zaera-Polo que, en diciembre de 2008, con los trabajos aún sin concluir, anunció su marcha ante la negativa del Gobierno regional a incrementar, alrededor de un 53%, el presupuesto inicial de 20 millones de euros. Sin esos fondos, el autor no garantizaba el resultado de una obra que debía compararse a la de los otros grandes arquitectos que iban a poner su talento al servicio de la Ciudad de la Justicia. La Comunidad aseguró que denunciaría a Zaera-Polo por incumplimiento de contrato, pero finalmente se le pagó el proyectado de reformado y el arquitecto abandonó el proyecto exigiendo que no se utlizara su nombre en la conclusión que le fue encargada a otro arquitecto.
En total, el Campus debía albergar otros 14 edificios de los cuales hoy no hay ni rastro. Oficialmente, la ciudad judicial se retomará cuando la situación económica mejore y las actuales sedes judiciales del centro de Madrid puedan ser sacadas a subasta para financiar la operación. Sin embargo, no hay fecha a la vista para que eso ocurra. Hoy, la sociedad mercantil Campus de la Justicia ya no existe aunque sí su primer y único fruto.
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