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Un control policial a inmigrantes cada dos días, según Ferine

Un control policial a inmigrantes cada dos días, según Ferine

Por Enrique Villalba
miércoles 27 de julio de 2011, 00:00h
Actualizado: 28/07/2011 14:39h
La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (Ferine) presentó este miércoles un informe sobre los controles de identidad a inmigrantes realizados en el último año y medio por las fuerzas de seguridad en Madrid. Según su estudio se produce, al menos, un operativo de esta naturaleza cada dos días.
El documento está basado en el trabajo de campo realizado por las denominadas como brigadas vecinales de observación de Derechos Humanos y los avisos y testimonios de terceros que la organización ha recabado. Los primeros han realizado en año y medio 113 salidas en las que documentaron 47 controles. 414 personas fueron identificadas y 78 de ellas detenidas (9 a pesar de haber presentado su documentación). También han recibido 214 avisos, en los que ha habido 48 controles, con 187 personas identificadas y 85 detenidos. Los extranjeros varones representan el 80 por ciento de los identificados y el 88 por ciento de los detenidos. Según los datos aportados, estiman que se produce, al menos, una redada de esta naturaleza cada dos días.

En el estudio se exponen salidas a distintos lugares de incidencia de la ciudad. Los principales puntos operativos de los controles policiales, según Ferine, se producen en los alrededores e interior de los centros de transporte público, en centros de reunión (parques, plazas, parroquias, centros de salud, colegios, centros de empleo), la vía pública y locales privados (locutorios, bares, discotecas y comercios), incluso, atestiguan los redactores del informe, sin presentar la correspondiente orden judicial. Los ámbitos en que se han hallado más incidencias han sido Avenida de América, Oporto, Usera y Aluche.

Agresiones sexuales
La mayoría de los dispositivos policiales destacados, según las brigadas, está compuesto por equipos entre 2 y 6 agentes. El 'modus operandi' denunciado incluye discriminación en los controles por motivo de raza, registros y cacheos sin indicios de delito, violencia física, abusos sexuales (obligar a mujeres a quitarse la ropa), amenazas, robo de dinero y documentación, falta de asistencia sanitaria y lenguaje racista. También denuncian coacciones a los observadores y sanciones administrativas a estos ciudadanos imputándoles obstrucción a la autoridad, resistencia y provocación de reacciones adversas del público hacia la Policía. Las justificaciones de los agentes que ha recopilado Ferine se basa en cuatro argumentos: cumplen órdenes, previenen la delincuencia, no discriminan o son controles de extranjería.

Según los portavoces de Ferine, estos controles tienen carácter y criterios racistas porque se centran en personas con rasgos diferenciados y que no responden a  los supuestos previstos por la Ley de Extranjería, basados en la constancia o investigación de un delito. Denuncian que se están produciendo detenciones preventivas bajo el amparo de la identificación de las personas, cuando la ausencia de papeles es una falta que no debería conllevar privación de libertad de movimiento ni acción. Por último, estiman que estas actuaciones policiales exceden el supuesto legal de identificación y afectan profundamente a la vida cotidiana de las personas, al producir un hostigamiento contra este colectivo y presentar ante la opinión pública a los inmigrantes como delincuentes.

A consultas de Madridiario, Ferine explicó que los datos aportados solo pueden servir como llamada de atención a que se están produciendo estos hechos, ya que el Ministerio del Interior no reconoce esta actividad ni aporta datos sobre las actuaciones en extranjería, y su estudio no puede ser extrapolable a toda la ciudad. No obstante, esgrimen los datos aportados por el Sindicato Unificado de Policía, que denunció en febrero de 2010 que en 2009 se produjeron 445.000 identificaciones con el objetivo de "presentar estadísticas colmadas de detenciones". Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se limitó a indicar que los agentes cumplen con su labor dentro de la legalidad.
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