Protegen una casa en la Cañada por su posible derribo

Para intentar impedir el supuesto derribo, unas 60 personas, entre vecinos de la Cañada Real, integrantes del 15-M y responsables de Amnistía Internacional, acamparon este jueves frente a la casa de Abdul, aunque su número fue disminuyendo según pasaba la mañana de este viernes.

También Agustín Rodríguez, el párroco de Santo Domingo de la Calzada, iglesia de la Cañada Real, ha apoyado durante los últimos días a la familia de Abdul y, tras reunirse esta mañana con la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, ha asegurado que "el procedimiento judicial de derribo va a continuar su curso ya que la vivienda está en situación irregular", ha señalado Rodríguez, quien ha transmitido a la delegada la necesidad de establecer "un marco social" para evaluar las situaciones concretas y buscar soluciones a las familias de la Cañada.

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, ha señalado que "no es cierto" que hubiera programado derribo alguno para este viernes en la Cañada Real y que "quien lo haya dicho ha faltado a la verdad".

No admiten presiones
La delegada ha destacado que el Servicio de Disciplina Urbanística Municipal "no recibe ni presiones ni interferencias de nadie y menos de quien ha levantado por segunda vez una vivienda de dos plantas en suelo especialmente protegido de titularidad pública".

Martínez ha recordado que en 2007 Abdul "se comprometió a tirar la casa él personalmente ante mí en presencia de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) y no lo ha hecho". La delegada ha sentenciado sobre el Abdul que "ha cometido desacato porque es la segunda vez que levanta la vivienda".

La vivienda de Abdul Ghailan, en la que vive con su mujer y sus hijos de 4 y 7 años, está ubicada en el Sector 5 de la Cañada Real y la levantó hace tres años sobre el mismo terreno donde había sido derribada su anterior vivienda. La casa estaba este viernes vacía de enseres, debido a que Abdul decidió el pasado miércoles trasladar todas sus pertenencias a la vivienda de un vecino.

Piden "sentido común"
Javier Rubio, abogado de Abdul, ha pedido "sentido común" a las administraciones públicas y que "paralicen todos los derribos" tras la entrada en vigor de la ley. "Cada vivienda que se derriba es una familia que queda excluida sin motivos de un acuerdo global con todos los habitantes de la Cañada", ha continuado Rubio que tilda de "contradicción" el proceder a derribos mientras el Ayuntamiento está censando a sus habitantes.

También Ignacio Jovtis, un portavoz de Amnistía Internacional, ha advertido de que el consistorio no está cumpliendo con algunos de los requisitos legales para un desalojo como la obligación de que la familia no ha sido avisada con anterioridad del derribo ni le han garantizado una alternativa adecuada para vivir.