Unos 60 activistas ofrecieron resistencia pacífica para tratar de evitar el derribo de viviendas en el sector VI de la Cañada Real Galiana (zona de Valdemingómez). Pese a su presencia, el Ayuntamiento redujo a escombros una de las edificaciones.
Los trabajos de derribo previstos para esta jornada tuvieron que detenerse cuando miembros de la plataforma
Stop Derribos se encaramaron a las edficaciones. Hasta el lugar se desplazaron agentes de Urbanismo del Consistorio, agentes de Policía Municipal y Nacional y Samur Social. Según el testimono de una portavoz de Stop Derribos, la situación es de "cierta tensión", aunque hasta el momento no se han registrado incidentes.
La movilización de activistas se había llevado a cabo a través de los
grupos de apoyo al movimiento 15-M, siendo la asamblea de la zona de la Cañada Real la que había llamado a participar en la acción. Gracias a su intervención, la semana pasada se evitó el desahucio de dos viviendas. "El Ayuntamiento quiere desentenderse de la realidad social de un barrio afectado, como el resto, por una crisis económica sin precedentes y colocar a miles de personas en situación de exclusión social (sin techo)", alegan.
Para este martes, 21 de junio, está convocada otra concentración para evitar el derribo de más viviendas, en esta ocasión en el
sector III del poblado de la Cañada. Según se advierte en la convocatoria, la situación de una de las personas que viven en una de estas casas es "extremadamente crítica", ya que se encuentra en tratamiento de quimioterapia.
Firmas contra los deshaucios
El pasado día 17, la asociación de vecinos Al-Shorok-Amanecer entregó unas
12.800 firmas en el registro central del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, para exigir al Consistorio la paralización de los derribos en la zona.
'Al-Shorok-Amanecer' criticó que, a pesar de la aprobación de la
Ley 2/2011 de la Cañada Real por parte de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid "continúa derribando viviendas sin ofrecer ninguna alternativa de alojamiento". La normativa establece un plazo de dos años desde su entrada en vigor para negociar entre administraciones y vecinos un acuerdo global para la zona. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a elaborar el censo necesario que impulsa la ley pero
se niega a cancelar los derribos que ya hayan sido ordenados por el juez, al estar las viviendas en terrono rústico protegido.
"Las personas sin hogar por culpa de los derribos
van a quedar excluidas del acuerdo global sin que exista justificación legal para ello, y supone por tanto una actuación ilegal y arbitraria por parte del Ayuntamiento de Madrid", señaló la asociación.
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