Trabajadores de Translife, empresa que fue adjudicataria de los servicios del Summa-112 en el noroeste de la región, protestaron en varios hospitales de la zona porque las nuevas empresas no les contratan y se quedan sin trabajo.
Los trabajadores hicieron este lunes concentraciones en algunos hospitales de la zona noroeste, como en el Puerta de Hierro o el Clínico, donde bloquearon con sus coches particulares los accesos, provocando demoras para atender a numerosos pacientes. En el momento en que llegaron varios furgones de Policía, pararon la protesta sin que se produjera ningún incidente.
Uno de los miembros del Comité de Empresa,
Carlos Partal, explicó que tras un concurso público, las nuevas adjudicatarias,
Ambulancias Alerta y
Ambulancias Santa Sofía, "no se ponen de acuerdo con la responsabilidad que tienen con los trabajadores y la obligación de subrogar todos los contratos con las mismas condiciones con las que han trabajado en los últimos cinco años".

Partal ha indicado que tras terminar su relación laboral con la empresa Translife, los empleados se personaron en el domicilio social de las nuevas adjudicatarias ganadoras del concurso, pero éstas les
negaron un nuevo puesto de trabajo "aduciendo que la empresa Translife no tenía al día los seguros sociales de los trabajadores".
Trabajadores y empresa
Una de las trabajadoras de Translife, Miriam, explicó a
Madridiario que ha recibido una carta de Ambulancias Alerta, una de las dos adjudicatarias que se reparten el trabajo que realizaba la empresa de Barrero en la zona noroeste. En la misiva, indican que no les contratan por la deuda que mantiene Translife con la Seguridad Social.
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El gerente de la empresa Translife,
Marco Antonio Barrero, explicó a Madridiario que la empresa "está arruinada". Denuncia que los adjudicatarios de las nuevas empresas tienen irregularidades y están impugnados. Barrero admitió que tiene una deuda con la Seguridad Social, pero argumentó que es porque hicieron 40.000 servicios más al año de los que habían acordado con la Comunidad de Madrid.
Por su parte, Partal denunció también que Translife debe a cada conductor entre 6.000 y 8.000 euros por el retraso de abono de las nóminas, el aplazamiento de cobro de las pagas extraordinarias y sus retrasos, que derivaron en varias huelgas.
Niegan lo que reclaman
Translife niega que se deba esa cantidad a los trabajadores, que "la empresa les ha liquidado lo que debe" y que lo importante de este conflicto es que tienen interpuestas
varias demandas contra la Comunidad. "Hace dos meses tuvimos una situación igual con cinco trabajadores y la empresa adjudicataria se negó a contratarlos, tuvimos un juicio, se nos dio la razón y la nueva empresa tuvo que contratarlos", explicó Barrero, que cree que esa decisión judicial puede
crear precedente para los 135 trabajadores que ahora protestan.
Además, Barrero aseguró que la Comunidad de Madrid les ha puesto varias trabas que tienen documentadas y por las cuales han interpuesto demandas contra el gerente del Servicio Summa 112. Aseguran que son casi los únicos que han recibido sanciones por los servicios que hacen, mientras que las demás empresas que realizan el servicio, "ninguna". Añadió que tienen constancia de que reciben las mismas reclamaciones que las otras empresas, "no más".