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Piden al Estado y la Comunidad la tutela ambiental de las obras de la M-30

Piden al Estado y la Comunidad la tutela ambiental de las obras de la M-30

Por MDO/Efe
miércoles 23 de marzo de 2011, 00:00h
La Asociación de Vecinos Nudo Sur solicitará por escrito a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Medio Ambiente que "tutele ambientalmente" las obras de la M-30 "afectadas por las sentencias y se responsabilicen de su funcionamiento de manera inmediata".
En un comunicado, la Asociación anuncia también que pedirá a ambas administraciones "que obliguen a hacer públicos todos los informes ambientales relacionados con las obras de la M-30 afectadas y su entorno urbano, incluida la evaluación ambiental de las obras ejecutadas que el Ayuntamiento dice haber entregado a la Comisión Europea". También les solicitará "que se inicien acciones legales por el incumplimiento reiterado y consciente de la normativa europea, estatal y autonómica contra los responsables de la realización del proyecto de reforma de la M-30".

Este anuncio se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diera a conocer ayer dos nuevas sentencias que declaran nulos los proyectos de soterramiento de la M-30 en diferentes tramos, en la misma línea marcada anteriormente al rechazar un recurso de apelación del Ayuntamiento de Madrid.

Las tres sentencias firmes fueron dictadas el 11 de febrero por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la sección primera del TSJM, presidida por Francisco Javier Canabal Conejos, y contra ellas no cabe recurso alguno. Para la entidad vecinal, estas sentencias "demuestran" que "las obras de la M-30 en el Nudo Sur se han gestado en la más absoluta ilegalidad".

"Gallardón tenía prisa"

El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha afirmado este miércoles que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, se "saltó a la torera" las normas urbanísticas y medioambientales a la hora de soterrar la M-30 por las "prisas" que tenía para poder inaugurar el proyecto en las elecciones de 2007.

Lissavetzky ha señalado que "en la vida el fin no justifica los medios por muy loables que sean" y ha insistido en que aunque un Gobierno tiene el derecho a decidir qué proyectos hacer y cómo llevarlos a cabo, lo que no puede hacer es "saltarse las leyes medioambientales y urbanísticas". "Y Gallardón tenía muchas prisas, quería hacerlo muy rápido para presentar las obras terminadas en las elecciones de 2007. Eso llevó a prisas, a decir que todo era una calle y a dar por hecho que estaría exenta de declaración de impacto ambiental pero eso no se hizo", ha recordado el socialista. Es decir, que "se saltaron a la torera la normativa".

Eso llevó al Grupo Municipal Socialista a denunciar la situación ante el Ejecutivo municipal, que "no hizo ningún caso", por lo que acabaron denunciando el tema ante los tribunales, bajo la asunción de que "la obra necesitaba esa declaración", en la que pudieran "participar los vecinos" para "tener una idea más cabal de la obra".
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