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Los vecinos de la avenida de Portugal soportan 80 decibelios de ruido

Tres concejales de Gallardón, imputados por contaminación acústica

Tres concejales de Gallardón, imputados por contaminación acústica

Por MDO/Agencias
lunes 30 de abril de 2007, 00:00h
La edil de Medio Ambiente, Paz González; el de Seguridad, Pedro Calvo, y la de Urbanismo, Pilar Martínez, han sido imputados por un delito de contaminación acústica y atmosférica por no impedir el ruido que han sufrido desde hace 30 años los cerca de 8.000 vecinos de la avenida de Portugal. Al parecer, las casas cercanas a la citada avenida soportan más de 80 decibelios de ruido -cuando 60 es el nivel máximo tolerable- y los humos de los 150.000 vehículos que pasan cada día al lado de sus viviendas. El Ayuntamiento de Madrid espera el sobreseimiento del procedimiento judicial.
Según informa este lunes el diario El País, por este delito los concejales podrían ser castigados con prisión de seis meses a cuatro años. La decisión del juez responde a una denuncia presentada en el mes de marzo del año pasado por la Asociación de Vecinos Unión Casa de Campo en los Juzgados de plaza de Castilla. Hartos de los ruidos y de la contaminación, y tras numerosas quejas ante el alcalde, acudir a la Justica fue el último recurso para solucionar el problema. Ni el soterramiento de parte de la avenida de Portugal ha acabado con los ruidos ya que un tramo de 1,8 kilómetros sigue al aire libre.

 El citado diario señala que la normativa sobre contaminación acústica considera delito propiciar o no hacer nada ante un ruido que supere el límite legal. Así, los vecinos presentaron una denuncia y lo primero que hizo la titular del Juzgado número 45 de la plaza de Castilla, Raquel Fernandino, fue declarar secretas las actuaciones y encargar a la Guardia Civil un informe. Los niveles de ruido eran claros: hasta 83 decibelios fueron detectados en algunas de las mediciones realizadas.

Pese a algunas reuniones entre los vecinos y el Consistorio, en las que el Ayuntamiento, al parecer, les aconsejó que pidieran medios al Ministerio de Defensa para que, en el marco de la Operación Campamento, se solucionara el problema, la Asociación vecinal no encontró respuestas de su agrado. De hecho, los ministerios de Defensa y Fomento argumentaron que la titularidad de ese tramo de la vía había sido transferida al Ayuntamiento.

Paz González, en el Pleno de este lunesSorpresa en el Ayuntamiento
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mostró su sorpresa por la noticia y dijo que "ninguna ley recoge la obligación de soterrar todos los tramos de carretera que van en superficie". Cobo dijo que la imputación "viene a dar la razón al equipo de Gobierno", al demostrar que "los vecinos prefieren que las carreteras discurran por los túneles, como ha hecho el Ayuntamiento con la M-30". "Los vecinos que más han sentido la obra son los que no han querido hablar porque ya ha terminado y algunos de ellos nos han dicho que ahora tienen tanto silencio que no pueden dormir", añadió. Asimismo, afirmó que Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón "no tiene la culpa de que en una carretera nacional haya mucho ruido", y mostró su conformidad con que "se tomen medidas para paliar el ruido que hay".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Iglesias, recordó que su grupo lleva meses denunciando "la ley de la selva en la que se ha convertido Madrid", puesto que el equipo de Gobierno "no respeta las leyes medioambientales, las ordenanzas y en definitiva a los ciudadanos que han venido a pedirle explicaciones". En su opinión, los vecinos de la avenida de Portugal se encontraron  "con un portazo en las narices que les ha obligado a acudir a los tribunales". Iglesias afirmó que la imputación de los concejales demuestra que el Ayuntamiento de Madrid "no escucha a los vecinos".

"Queremos solucionar el problema"

El miembro de la Junta directiva de la Asociación de Vecinos Unión Casa de Campo, Juan José Gómez Sánchez, aseguró a Europa Press que "hace cuatro años nos dijeron que con el soterramiento de la M-30, que en un principio estaba planeado hasta la avenida de los Poblados, se solucionaría todo, pero no fue así". Gómez Sánchez señaló que según un informe realizado por la Guardia Civil, el ruido que hay en la zona supera los decibelios permitidos por Ley. Además, el afectado -que dijo haberse enterado de la imputación de los ediles por la prensa- afirmó que en el distrito de Batán existen varios centros de salud, residencia de mayores y colegios "cuyas aulas están tapiadas para los niños puedan asistir a clase sin tener que escuchar los ruidos de la carretera, que no les permiten concentrarse".

"Después de intentar solucionar nuestras diferencias con el Ayuntamiento durante reiteradas ocasiones, nos dirigimos a la Fiscalía de Medio Ambiente que confirmó nuestras denuncias y llevó la causa a los juzgados", explicó. Gómez Sánchez añadió que en los últimos meses varios vecinos de la zona han sido llamados a declarar ante la juez del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid para dar testimonio de sus problemas. "Muchas personas mayores que viven aquí tienen enfermedades auditivas como consecuencia del ruido", agregó.

Según este miembro de la Asociación de Vecinos Unión Casa de Campo, los residentes en la zona "buscan solucionar sus problemas". "No nos interesa que hayan imputado a tres ediles, lo que queremos es que se tenga conciencia de que esta parte de Batán es un vía urbana en la que se debe circular a 50 kilómetros por hora", concluyó.

Por último, la Asociación de Vecinos Nudo Sur aseguró que "existe un precedente" en la imputación de tres ediles por contaminación acústica ya que, según afirmó, en 2005 interpuso una denuncia ante el Juzgado número 50 de Madrid por las mismas causas. En aquel caso, la asociación interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento por los delitos contra la salud pública y el medio ambiente, procedimiento que tuvo un primer pronunciamiento favorable del fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Emilio Valerio. La causa judicial sigue abierta.
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