El portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Santín, ha asegurado este lunes que el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón, "en vez de aplicar políticas par combatir el 'botellón', lo ha convertido en un negocio de 40 millones de euros al año".
Santin, que ha hecho esta afirmación en la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento, ha calculado que la mitad de esta cantidad la percibirá el Ayuntamiento al sancionar con entre 300 y 600 euros el hecho de hacer ruido en un "botellón", de acuerdo a
la futura Ordenanza del Ruido.
Los otros 20 millones de euros anuales acabarán en las arcas municipales, según Santín, cuando la Comunidad transfiera al Ayuntamiento la gestión de las sanciones por beber en la vía pública. Santín tampoco se ha mostrado de acuerdo con que la futura ordenanza convierta a los padres en responsables del pago de las sanciones que se impongan a sus hijos cuando participen en un "botellón".
En su respuesta a esta intervención, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha rechazado que el objetivo del Gobierno municipal con esta ordenanza sea recaudar sino resolver "problema" de utilización del espacio público" que tiene la ciudad y "hacer compatible el ocio nocturno con el descanso de los ciudadanos".
Respecto a la responsabilidad paterna, Botella ha reconocido que se ha inspirado en la Ley de Tráfico, la "única" del Gobierno socialista con la que está de acuerdo, según ha dicho, y que establece para los menores -que conducen ciclomotores, por ejemplo- la responsabilidad de los padres, algo, ha subrayado, "que es tan antiguo como el derecho romano".
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