Entra en vigor la nueva Ley del aborto

Entre las novedades de la nueva ley, algunas ya reguladas por dos reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 25 de junio, figura la capacidad de abortar sin consentimiento paterno de las menores entre 16 y 18 años de edad, la composición de un comité clínico que analizará los casos de aborto más allá de las 14 primeras semanas y la preferencia del sistema sanitario público sobre las clínicas acreditadas para la práctica de la IVE.

Sobre el primer asunto, las menores de 16 y 17 años tendrán que informar a sus padres si quieren abortar, "acreditar" con un "documento" ante el médico que han cumplido con este requisito y acudir acompañadas de un tutor a la intervención. En caso de que se alegue conflicto familiar, el médico deberá poner por escrito que su miedo está fundado, para lo que podrá pedir informes psicológicos si lo considera oportuno.

En cuanto al Comité Clínico, que tiene la última palabra cuando se plantee un problema en el feto después de la semana 14, estará compuesto por dos especialistas, uno de los cuales podrá ser elegido por la mujer. Tendrá "un plazo máximo de diez días" para emitir su dictamen y 12 horas para comunicarlo a las partes implicadas.

Según el desarrollo normativo parcial aprobado, los abortos se practicarán en la red sanitaria pública aunque "excepcionalmente", estos centros podrán derivar a las mujeres a clínicas acreditadas "con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación".

La nueva norma fue aprobada el pasado 17 de diciembre en el Congreso de los Diputados, con 184 votos a favor y 158 en contra. Tras la tramitación en el Senado, donde superó los vetos presentados por el PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN), la nueva ley fue definitivamente aprobada el 23 de febrero sin enmiendas. Fue publicada días después en el BOE, acordando su entrada en vigor cuatro meses después, el 5 de julio, precisamente el día en que cumple 25 años la Ley Orgánica 9/1985 de Despenalización del aborto en determinado supuestos, vigente hasta la fecha.

La norma suscita tantas críticas como apoyos en muy distintos sectores de la sociedad. Por un lado, para las asociaciones de familia y grupos 'provida' es "la norma más atentatoria contra los derechos fundamentales" que se ha aprobado en la España democrática, "vulnera la patria potestad y la libertad de objeción de conciencia" y es contraria a los principios de la Constitución porque "viola directamente el derecho a la vida del no nacido".

Por otro lado, las asociaciones de mujeres, aunque con matices, se han mostrado favorables a la norma porque "por fin, el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su maternidad quede recogido en una ley" que en su opinión, "pone fin a la inseguridad jurídica". Además, han celebrado especialmente la incorporación al texto de referencias a la salud sexual, que a su juicio servirá para "reducir el número de embarazos no deseados".