El complejo judicial de la calle Manuel Tovar es una red contra el maltrato, literalmente. Al poco tiempo de comenzar a funcionar como sede de todos los juzgados de violencia de género de la capital, un hombre intentó lanzar a su mujer al vacío, lo que obligó a poner redes de seguridad en sus patios interiores.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, ha reunido en este lugar la
Fiscalía y los
11 juzgados de violencia de género de la capital, además de otros cinco de primera instancia. El objetivo es que, una vez parado el vistoso proyecto del Campus de la Justicia, se mejore la eficiencia y la rapidez todo lo posible.

El consejero Francisco Granados visitó este miércoles las instalaciones para presentar la
nueva bolsa de funcionarios de Justicia, medida dentro del paquete para lograr mejorar la situación de la planta judicial en Madrid. Como a los asistentes, al consejero le sorprendió sobremanera la presencia de estas redes en los patios interiores y también en el aparcamiento exterior. "
Se colocaron como medida de seguridad", le explicaron.
De acuerdo a las estadísticas de los órganos judiciales, desde 2005 se ha triplicado el número de asuntos judiciales referentes a casos de
maltrato,
agresiones, órdenes de
alejamiento y similares, por lo que los juzgados de regionales se han quedado claramente pequeños. "Seguiremos insistiendo en que se siga abriendo Juzgados de Violencia. Este año se han abierto tres en esta planta, y seguiremos en esa línea de petición al Ministerio (de Justicia) porque sin duda son insuficientes", subrayó Granados en presencia del Fiscal Superior de Madrid, Eduardo Esteban, y el Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Gerardo Martínez.
Los trabajadores sociales
En la calle Manuel Tovar trabajan hoy
185 funcionarios, cuyo número podrá aumentar gracias a las 1.343 contrataciones que se realizarán gracias a la nueva bolsa de interinos específica para el sector de la Justicia.
Ahora bien, Granados admitió que tiene pendiente un problema que espera solucionar cuanto antes. En cada caso de maltrato, un
trabajador social atiende a la víctima en caso de requerirlo. En la actualidad, éstos técnicos no cubren las horas de guardia de los juzgados al no existir acuerdo sobre su retribución salarial. El consejero de Interior aseguró que "nunca se ha producido el que no se haya atendido a nadie por este motivo", pese a lo cual su departamento intentará llegar a un acuerdo "muy rápidamente".
Igualmente, aseguró que su departamento ya estudia cómo solucionar las deficiencias de seguridad del
Registro Civil Único (calle de Pradillo).