El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, aseguró este miércoles durante una visita a Alcalá de Henares, que su partido no tomará ninguna decisión en el conflicto abierto en el equipo de gobierno de Anchuelo entre miembros del PP hasta que no se resuelva el expediente informativo que el Partido Popular mantiene abierto
El expediente afecta a la alcaldesa de esta localidad,
Rosario Paramio, a raíz de las acusaciones vertidas sobre ella por el resto de concejalas del PP en el equipo de Gobierno.
La concejala de Tesorería de Anchuelo,
Almudena Anchuelo, acusó en una carta dirigida a la alcaldesa, que finalmente se difundió entre buena parte de los vecinos de esta localidad de 1.000 habitantes, de "gastar por gastar", de no justificar los gastos con facturas y recibos y de no dar cuenta de determinadas recaudaciones. Incluso en el último pleno municipal las concejalas del equipo de gobierno le reclamaron a la alcaldesa explicaciones sobre
la desaparición de 10.000 de los 12.000 euros de la recaudación de la piscina municipal. La regidora respondió acusando a Almudena Anchuelo de actuar así debido a desavenencias entre ambas a causa de una recalificación que afectaría a la concejala de Tesorería.
Francisco Granados reconoció este miércoles durante una visita a las obras del Palacio de Justicia de Alcalá de Henares que "la alcaldesa, por decirlo suavemente, no goza del apoyo del resto de concejales del equipo de gobierno". El secretario general de los populares madrileños pidió esperar a la resolución del informe para entonces intentar resolver el problema del PP en Anchuelo.
Transfugismo en Villalbilla
El de Anchuelo no es el único frente abierto del PP en Ayuntamientos del Corredor del Henares. Granados también fue preguntado por el caso del Ayuntamiento de Villalbilla, donde el PP ostenta la alcaldía con un Gobierno en el que están incluidos dos concejales expulsados del Partido Socialista que han sido declarados tránsfugas por la comisión del Pacto Antitransfuguismo, lo que obliga al regidor popular,
Iván Borrego, a disolver el gobierno.
Según Granados, ahora lo que debe decidir la comisión del Pacto es si se pueden cumplir las resoluciones mientras que permanece abierta una causa judicial por la denuncia de los dos concejales declarados tránsfugas,
Jesús Soto y
Esther Ruiz, contra el Pacto por vulnerar su derecho al honor con la declaración de tránsfugas.